Entre los lineamientos principales de la iniciativa se encuentra el establecimiento de "parámetros objetivos, que es algo que la oposición siempre le pidió al Poder Ejecutivo". El Gobierno trabajó especialmente en el aspecto "técnico-jurídico" de la norma y también, "desde la política, en la generación de acuerdos". Afirman que con este proyecto "convoca nuevamente a la oposición al diálogo político".
Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, advirtió que la oposición no le otorgará “facultades extraordinarias” al presidente Fernández. “Debatiremos el proyecto que enviará el Presidente. Pero bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, advirtió en Twitter.
El proyecto expone algunos criterios técnicos que focalizan en los indicadores, en los rangos y en las sanciones frente a un incumplimiento. Sobre este último punto, detallaron que podría haber una "doble sanción" para las ciudades y provincias que no cumplan ni hagan cumplir las restricciones que se disparen a partir de superar el umbral determinado, que se establecerá con consenso en el Congreso.
Alberto Fernández inaugura las sesiones en el Congreso.
Fernández quiere que la ley sea sancionada antes del 21 de mayo, fecha que vence el actual decreto que regula las restricciones de circulación.
Sobre este punto vaticinan un arduo debate parlamentario. La “ley pandemia” busca imitar el modelo que la canciller Angela Merkel aplicó en Alemania. Se trata de una herramienta que le aporta criterios objetivos para tomar decisiones sanitarias y para ordenar restricciones en todo el país durante el tiempo que le dure la pandemia. Por ejemplo, la ley alemana fija que las escuelas deberán cerrar y pasar a la educación remota en aquellas regiones donde haya más de 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes.
Mañana, el proyecto ingresaría en Diputados y desde la Casa Rosada confirmaron que la pretensión es que la ley sea sancionada antes del 21 de mayo para evitar un nuevo DNU restrictivo a partir de esa fecha. La aspiración parece de difícil cumplimiento. La clave pasaría por lograr consenso con los gobernadores.