Fue sin dudas una de las semanas más calientes en la sucesión de enfrentamientos entre la Corte Suprema y el gobierno, que quedará en la historia por afectar el calendario electoral y la definición de los postulantes. En esta línea de tiempo se ordenan: la sentencia que suspendió las elecciones a gobernador y vice en San Juan y Tucumán, la cadena nacional del presidente Alberto Fernández que rechazó el fallo, las quejas del candidato Sergio Uñac, y la declinación de Juan Manzur.
Mientras tanto, en el cuarto piso del Palacio de Justicia ponen el foco en que las dos provincias acataron el fallo, a la vez que, el caso Tucumán deviene abstracto, y, esperan el descargo de San Juan para avanzar en la cuestión de fondo de la demanda, a menos que Uñac renuncie antes.
La cronología de eventos que alimentaron el fuego de la pelea entre el Máximo Tribunal y el oficialismo no se inició el martes pasado. El asunto comenzó con las presentaciones de los opositores en las provincias señaladas, para que la Corte anulara la oficialización de los aspirantes cuestionados.
Por San Juan, el planteo lo hizo Sergio Guillermo Vallejos Mini, de Evolución Liberal y candidato oficializado a gobernador de la provincia, con el patrocinio del constitucionalista Christian Cao. Había solicitado que Sergio Uñac resulte inhabilitado para postularse en estos comicios, pues estaría ingresando en un cuarto período, contrariando el límite de ser reelegido ‘hasta dos veces’, que impone la Constitución provincial.
La presentación por Tucumán la hizo Germán Enrique Alfaro, en su carácter de consejero y presidente de la Mesa Ejecutiva del Partido por la Justicia Social, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la candidatura de Juan Luis Manzur al cargo de vicegobernador, pues según las leyes provinciales solo se puede ser reelegido una vez.
La Corte le corrió vista a la Procuración, que respondió el 2 de marzo la demanda de Tucumán, y el 13 de abril la de San Juan. Aunque su opinión no es vinculante, la fiscal Laura Mercedes Monti consideró que la causa no era competencia originaria del Máximo Tribunal, aunque advirtió que por jurisprudencia reciente existían precedentes relacionados a cuestiones electorales de índole provincial (Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro) donde la Corte consideró pertinente actuar, por circunstancias de extrema gravedad.
Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (Ricardo Lorenzetti estaba de viaje), en el acuerdo del martes 9 de mayo, declararon la competencia originaria de la Corte y requirieron a las provincias que presenten un informe circunstanciado en el plazo de 5 días. También hicieron lugar a la medida cautelar solicitada por los demandantes, y en consecuencia, suspendieron la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador.
Lo cierto es que inmediatamente después de que se conoció la decisión de la Corte, las opiniones se dividieron entre quienes rechazaron la jurisdicción del Alto Tribunal en temas electorales de las provincias, aquellos que respaldaron la medida, y finalmente quienes estuvieron de acuerdo pero cuestionaron la oportunidad, es decir, criticaron que se hayan expedido 5 días antes de los comicios.
Precisamente Rosatti había estado esa mañana en la apertura de la reunión de empresarios argentinos y estadounidenses de la AmCham, donde pareció dar pistas de lo que iban a resolver más tarde en la reunión de acuerdos. Dijo que “la Corte Suprema de Justicia es el tribunal tutelado a preservar las garantías constitucionales y sus decisiones son soberanas en materia judicial. Agregó que a la Corte argentina llegan muchos casos, con un promedio de resolución de 20 mil causas anuales, lo que significa “un cúmulo de trabajo, que impide llevar adelante la función primordial simero en materia jurisdiccional. Y nosotros creemos que ese rol tiene que ser el único rol de la Corte”. Aclaró que el 60% de las causas provienen del Estado, que muchas veces apela para ganar tiempo, sabiendo cual va a ser el resultado final de la contienda”.
Al parecer, la Corte había calculado la polémica de la oportunidad de su sentencia, y en lo que pareció una respuesta, ese mismo día instruyó a la Secretaría Jurídica General para que ponga en marcha un sistema de circulación de expedientes más expeditivo, evitando las dilaciones. A través de la Acordada 15/2023 dispuso que “los expedientes, asuntos y proyectos de superintendencia y/o administrativos no podrán permanecer en cada vocalía del Tribunal por más de 30 (treinta) días corridos". En la misma resolución indicó que vencido dicho plazo, la Dirección de Despacho remitirá los expedientes a la vocalía siguiente en el orden de circulación o pondrá a la firma el tema. Si no hay mayoría, el expediente volverá a estudio.
El alud de repercusiones tuvo su máxima exposición en la cadena nacional del presidente Alberto Fernández, quién acusó a los jueces de manipular los tiempos electorales en San Juan y Tucumán en favor de la oposición, “arrogándose una competencia de dudosa legitimidad”. Remarcó que si el Máximo Tribunal del país no respeta la libertad de poderes, avasalla compulsivamente al federalismo y la autonomía de las provincias y va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado”.
Fuentes allegadas a la Corte consideraron que “al final, la revolución de las autonomías provinciales auspiciada por cadena nacional duró 24 horas, porque se trataba de acatar la Constitución, algo que las autoridades provinciales entendieron mejor que las nacionales”.
Como sabemos, luego de que el fallo de la Corte Suprema suspendió las elecciones para gobernador y vice en San Juan y Tucumán, Juan Luis Manzur declinó su candidatura a vicegobernador, en tanto que Sergio Uñac cuestionó la sentencia pero anunció su acatamiento. Como sea que se hayan disparado las opiniones, nadie quitó los pies de plato y todos cumplieron la orden de la Corte.
Así las cosas, la presunta irregularidad denunciada en Tucumán ya no existe, por lo que este proceso sería declarado abstracto por el Máximo Tribunal.
En cuanto a San Juan, está corriendo el plazo para que la provincia presente el informe solicitado por los cortesanos antes de resolver la cuestión de fondo. Tienen tiempo hasta el 16 de mayo.
Según fuentes ligadas al caso sanjuanino, hay tres alternativas posibles: que el gobierno provincial envíe su respuesta manteniendo la candidatura de Uñac, que lo mande aceptando el error y retire la postulación, o que Uñac resuelva retirarse antes de que la causa avance y cree nueva jurisprudencia.
No obstante, si los dos expedientes sobrevinieran abstractos, la Corte aún podría dictar un “obiter dictum”, y opinar respecto de cuáles son las limitaciones en materia de reelección que regulan las Constituciones de San Juan y Tucumán.
