La jornada se desarrollará en Plaza Lavalle, ubicada frente al Palacio de Tribunales, en la intersección de las calles Talcahuano entre Tucumán y Lavalle, en la Ciudad de Buenos Aires.
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El reclamo
La iniciativa se enmarca en el reclamo de las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso y ratificada en instancias judiciales previas. Las instituciones sostienen que la norma continúa sin ser cumplida en su totalidad.
El pedido busca que la Corte Suprema defina con mayor celeridad su intervención en el expediente, que actualmente se encuentra bajo análisis del máximo tribunal luego de una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que habilitó la instancia extraordinaria.
En paralelo, las universidades también solicitaron un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo vinculada al cumplimiento efectivo de la ley, al considerar que resulta clave para el funcionamiento del sistema universitario.
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El reclamo masivo en Plaza de Mayo
Luego de la multitudinaria marcha federal universitaria en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, la Corte Suprema confirmó que ya tomó intervención en la causa judicial impulsada por el Gobierno nacional para frenar la aplicación de la norma.
El caso llegó al tribunal después de que la Cámara de Apelaciones habilitara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra la medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había cuestionado la suspensión de la ley.
En ese contexto, Javier Milei había advertido que, si la Justicia avala la norma, el Gobierno deberá reasignar partidas presupuestarias de otras áreas para afrontar el aumento de recursos destinado a las universidades nacionales.
Aunque la causa ya está en condiciones de ser analizada por la Corte, no existe un plazo determinado para que los jueces emitan una resolución.
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La norma también contempla una recomposición salarial para docentes y nodocentes en función de la pérdida del poder adquisitivo desde 2023. (Foto: archivo)
Ley de Financiamiento Universitario
La disputa judicial gira alrededor de la ley sancionada por el Congreso en abril de 2024, que establece una actualización automática de las partidas universitarias según la inflación informada por el Indec.
La norma también contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes en función de la pérdida del poder adquisitivo desde 2023, además de garantizar recursos para becas, infraestructura y el funcionamiento de hospitales universitarios.
Tras los fallos de primera y segunda instancia que beneficiaron al CIN, el Gobierno nacional recurrió a la Corte Suprema para intentar frenar la aplicación de la ley.