¿De qué se trata el proyecto?
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es garantizar que el Poder Ejecutivo asegure anualmente un piso de recursos básicos para el funcionamiento de las universidades. Esto incluye gastos operativos y recomposición salarial para docentes y no docentes, calculada en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Se prevé también la creación de un fondo anual de $10.000 millones para impulsar carreras consideradas fundamentales para el desarrollo del país. Asimismo, se plantea una ampliación progresiva del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2031.
Otro aspecto destacado es el incremento progresivo del financiamiento de becas universitarias. El objetivo es mejorar el acceso y la permanencia de estudiantes en el sistema público de educación superior.
Bartolacci, vicepresidente del CIN, expresó: "Estamos proponiendo un mecanismo de previsibilidad para el sistema universitario. El aporte de todos los sectores ha sido fundamental para alcanzar este consenso que hoy presentamos en el Congreso".
El documento fue resultado de un amplio consenso entre rectores, gremios docentes y nodocentes, y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Su finalidad es que el Parlamento elabore y sancione una ley que otorgue estabilidad y sostenibilidad financiera a las Universidades Nacionales.
La respuesta al veto presidencial
El nuevo proyecto surge tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que había firmado Javier Milei el año pasado y cuya insistencia fue rechazada por Diputados. El argumento del Gobierno fue que la iniciativa no contaba con un financiamiento definido y pondría en jaque el superávit fiscal. a una iniciativa anterior, que fue objetada por la falta de financiamiento definido.