Aunque no todas las denuncias se presentaron ante la Corte, los abogados del gobierno nacional mantendrán la estrategia de llevar los procesos ante el Máximo Tribunal, en razón de que la Constitución le concede la competencia originaria cuando se trate de un conflicto con las provincias.
Las batallas judiciales del gobierno en manos de la Corte Suprema
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La primera de las batallas judiciales del gobierno de Javier Milei fue planteada por Córdoba, Santa Cruz, San Luis y La Rioja al pedirle a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad del Mega DNU 70/23 que derogaba más de 300 regulaciones. Aunque el Procurador Eduardo Casal dictaminó a favor de que el Máximo Tribunal intervenga en el caso, los jueces aún no resolvieron ni la medida cautelar ni la cuestión de fondo.
La pelea entre Nación y provincias tuvo un nuevo capítulo cuando empezaron a caer las demandas ante la Corte por el dinero del Presupuesto del año pasado, y en reclamo de los fondos comprometidos para compensar la recaudación por la reforma del impuesto a las Ganancias aprobada por el Congreso en octubre de 2023. Por esta causa se presentaron los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; del Chaco, Leandro Zdero; y por Chubut, Ignacio Torres.
La eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del interior del país derivó en la denuncias del mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto. Torres fue la Justicia Federal de su provincia, que falló a su favor, por lo que el Procurador del Tesoro apeló y pidió la inhibitoria de ese tribunal, para que se ocupe la Corte Suprema.
En tanto, el misionero Hugo Passalacqua, reclamó al Alto Tribunal por el cobro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que no fue prorrogado por el gobierno central.
Por su parte, la Provincia de Buenos Aires advirtió que acudirá a la Corte para reclamar la reducción del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que le había asignado el ex presidente Alberto Fernández.
