La expresidenta solicitó a la Justicia que levanten los requisitos para poder ser visitada en su prisión domiciliaria. "Es un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie", dijo
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una nueva presentación a la Justicia para solicitar que revea los criterios para recibir visitas por parte de aquellos que no sean familiares directos o médicos. "Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos", escribió.
"El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles", puso en la red social X.
"¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?", se preguntó.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner interpuso un recurso de reposición con casación en subsidio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en el marco de la causa por la cual cumple una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Los abogados cuestionaron la disposición que exige la autorización judicial para que personas no incluidas en un listado puedan ingresar al domicilio de la ex mandataria.
Según el recurso presentado por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, se impugna el punto III.c) de la resolución del 17 de junio, que ordena que solo podrán acceder al domicilio familiares, personal médico, custodios y abogados previamente informados. Cualquier otra persona deberá contar con autorización expresa del tribunal. Los letrados solicitaron que se revoque esa medida por “falta de fundamento normativo” y “violación al principio de legalidad”.
Asimismo, en caso de que no se admita la reposición, se dejó interpuesto recurso de casación, y se realizaron reservas para recurrir eventualmente ante la Corte Suprema y organismos internacionales de derechos humanos. La defensa sostiene que la resolución cuestionada lesiona derechos constitucionales y afecta garantías fundamentales.
En el escrito, los abogados afirman que la prisión domiciliaria no habilita a imponer reglas de conducta adicionales más allá de la restricción ambulatoria. “La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales”, señala el texto, y critica que el tribunal haya apelado a una “interpretación analógica” de figuras como la probation o la condena condicional, que no resultan aplicables.
El planteo también objeta la falta de justificación concreta de la medida: “No se indica, siquiera de manera aproximada, cuál es el propósito que se busca al disponer esta regla”, expresa. Además, se advierte que no hay criterios claros sobre cómo se evaluarán las solicitudes de ingreso de personas no incluidas en el listado.
Por otra parte, se cuestiona que no se contemplaron supuestos relevantes como contadores, apoderados, peritos y asesores. “En estos casos, la aplicación de las limitaciones impuestas tampoco encuentra fundamento normativo y resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social”, agregan.
