La medida del juez federal Sebastián Casanello involucra a casi 30 dirigentes sociales y cooperativas investigados por amenazas a beneficiarios de planes sociales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó como querellante.
Inhibieron los bienes de piqueteros y cooperativas tras difundirse las extorsiones a manifestantes (Foto: archivo).
El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas que se encuentran sospechadas de extorsionar a manifestantes, tal cómo se difundió en diferentes chats, con el fin de que concurran a protestas.
El magistrado, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la inmovilización general de los bienes de Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches y Lesli Salirrosas Castillo.
También de Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia Y Nery Acha Daza.
Casanello además le pidió al INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), la autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas.
Por su parte, en las últimas horas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante en la causa que investiga la presunta extorsión y coacción de piqueteros a beneficiarios de planes sociales.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, donde miles de personas manifestaron ser amenazadas con perder los beneficios que recibían del Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.
De acuerdo a la investigación que encabezan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, se recibieron 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.