El juez federal Sebastián Ramos, lo acusa de los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en una causa que marca el primer avance penal de este tipo en su contra.
Procesaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón. (Foto: captura)
La Justicia Federal procesó al dirigente social y diputado nacional Juan Grabois por su participación en la toma del Instituto Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025. La resolución, firmada por el juez federal Sebastián Ramos, lo acusa de los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en una causa que marca el primer avance penal de este tipo en su contra.
Además del procesamiento, el magistrado ordenó un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes del dirigente, como medida cautelar para garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso.
Según la reconstrucción realizada por la Justicia, basada en testimonios, registros audiovisuales y otras pruebas incorporadas al expediente, Grabois ingresó sin autorización al Instituto Perón cuando el edificio permanecía cerrado y bajo la administración del Ministerio de Capital Humano.
El fallo sostiene que el dirigente permaneció alrededor de dos horas dentro del inmueble y que tuvo un rol activo durante la ocupación. Para el juez, no solo participó de la permanencia de los manifestantes, sino que además habría alentado a continuar con la protesta y a resistir la intervención de las fuerzas de seguridad.
La resolución considera que su conducta excedió la de un mero observador o asesor legal y que tuvo una participación directa en el desarrollo de los hechos. La ocupación del Instituto Perón ocurrió en un clima de fuerte tensión política, en los días previos a la confirmación de la condena en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El edificio, considerado un espacio de alto valor simbólico para el peronismo, fue ocupado por manifestantes que rechazaban distintas medidas del Gobierno nacional. Sin embargo, la protesta derivó en incidentes que motivaron el desalojo por parte de las fuerzas federales. Durante el operativo se produjeron enfrentamientos y varios efectivos policiales resultaron lesionados.
En la misma resolución, el juez Sebastián Ramos procesó a Valentín Peralta, a quien atribuyó una participación más violenta durante los incidentes. Según el expediente, Peralta habría agredido físicamente a efectivos policiales durante el procedimiento de desalojo.
Como respaldo de esa acusación, la causa incorpora certificados médicos que documentan lesiones sufridas por varios agentes, entre ellas traumatismos craneales, contusiones y heridas leves que fueron atendidas en el Hospital Churruca. Estas constancias forman parte de los elementos utilizados por el magistrado para sostener la imputación por resistencia a la autoridad.
La defensa del dirigente rechazó la acusación y sostiene una versión completamente distinta de los hechos.
Los abogados de Grabois afirman que el diputado no participó de la ocupación como organizador ni como instigador, sino que se encontraba en el lugar ejerciendo su profesión de abogado, en representación de una cooperativa que administraba un espacio lindero al Instituto Perón.
Con ese argumento buscan descartar que su conducta encuadre en los delitos imputados y sostienen que su presencia respondió únicamente a tareas de asistencia jurídica.
No obstante, el juez consideró que las pruebas reunidas durante la investigación resultan suficientes para avanzar con el procesamiento, aunque la causa continúa y la decisión todavía puede ser apelada por la defensa.