El fiscal también detalló ocho hechos, incluyendo un supuesto aborto forzado en 2016, varios incidentes de violencia física en 2021 y 2023, y amenazas recibidas este año cuando Yañez decidió hacer la denuncia.
Dado que Fernández había solicitado el traslado de la causa a San Isidro basándose en el lugar donde ocurrieron los hechos, el fiscal consideró que "el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder denunciadas no pueden asignarse, por ahora, a un único enclave geográfico".
En la misma línea, González indicó que la cuestión de competencia debe ser precedida por una investigación exhaustiva para evitar decisiones prematuras que podrían generar futuros replanteos sobre la jurisdicción.