El Gobierno anunció una batería de medidas y no descarta que en algún momento las Fuerzas Armadas puedan intervenir contra el narcotráfico en Rosario. Las dudas legales.
El Gobierno analiza modificar la Ley de Seguridad Interior para que puedan intervenir militares en la lucha contra el "narcoterrorismo", admitió el presidente Javier Milei. Foto. Ministerio de Defensa Archivo.
El Gobierno nacional le declaró la "guerra al narcoterrorismo" y parece encaminarse a la intervención de las Fuerzas Armadas en Rosario, aunque por ahora, el presidente Javier Milei admite las limitaciones establecidas en la "Convención de Ginebra" y autorizó a que los militares actúen solo a través de apoyo logístico, sin intervención directa en operativos en el territorio.
En declaraciones televisivas el presidente Javier Milei admitió este lunes "si es necesario estamos dispuestos a hacer cambios" a la ley de Seguridad Interior, que prohíbe la intervención de las FF.AA. en delitos dentro del territorio nacional y dejó abierta la posibilidad a buscar apoyo parlamentario para modificarla.
Pero el presidente reconoció los límites: "hay que tener en cuenta las restricciones que impone la Convención de Ginebra. Es un tema muy delicado, porque después te aparece un progre en el poder que termina sacando a aquellos que te sacaron del problema, hay que tener mucho cuidado", dijo el presidente en una entrevista con LN+.
Pero tanto Milei como fuentes del Ministerio de Defensa descartaron que de hecho los operativos de fuerzas federales y militares en Rosario deriven en un virtual estado de sitio, en el que según la Constitución nacional, ante una situación de conmoción de la paz o la seguridad interior, el Gobierno suspende todos los derechos y garantías de las personas.
"Paso a paso, las medidas tomadas están consensuadas con el gobernador, dijo Milei y aclaró: "por ahora estamos trabajando en estas situaciones, coordinada con el gobernador (Maximiliano) Pullaro. Él me pidió la asistencia, estamos redoblando, 450 efectivos federales más, el Ejército con apoyo logístico, con esto creo que estamos en condiciones de salir triunfantes".
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa aclararon a A24.com que no está previsto enviar a efectivos de las FF.AA. para actuar en el territorio; ni siquiera para conducir los vehículos en Rosario. El Ejército se limitará a colaborar con el envío de vehículos como camiones, helicópteros, tanques, lanchas, que serán conducidos por efectivos de las fuerzas federales de seguridad.
Según explica el Gobierno, lo que se ha hecho está dentro de lo que prevé la Ley de Seguridad Interior en el artículo 27. Se creó un comité de crisis, que presiden la ministra de Seguridad y el gobernador de Santa Fe, y lo coordina el secretario de Seguridad del Ministerio Nacional.
Sin embargo, también debaten en el Gobierno qué hacer con la ley de seguridad interior "Si sigue escalando el narcotráfico, es indispensable modificar las leyes para que actúen las Fuerzas Armadas", admitió otra fuente extraoficial en línea con las declaraciones del presidente, teniendo en cuenta que "hoy no tienen cobertura legal para hacerlo".
Justamente, cuando hizo referencia a tener en cuenta la Convención de Ginebra -que establece garantías de derechos a la vida a prisioneros de guerra, como también a militares y civiles heridos en la misma-, Milei advierte el escenario de "guerra del estado argentino contra el crimen trasnacional" como el "narcoterrorismo".
La Convención de Ginebra se aplica en casos de guerras entre países para la protección de derechos de militares y civiles heridos o prisioneros de guerra.
La novedad en el caso de Rosario, es el pedido del Gobierno a través de los ministros Bullrich y Petri a la justicia es que estos casos de violencia narco sean considerados delitos de "narcoterrorismo", una figura de delito transnacional, que puede ser equiparado con un estado de "guerra" y bajo esa figura, el Gobierno busca habilitar la intervención de los militares en su rol de garantizar la paz interior.
En ese marco, Bullrich prometió enviar al Congreso un paquete de leyes para atacar distintas aristas de ese delito trasnacional, que dijo se va a llamar "ley antibanda" y comparó con las leyes antimafias de Italia o de El Salvador, de Bukele.
Bullrich prometió armar comandos de inteligencia criminal para perseguir no solo con operativos de saturación territorial en distintos barrios de Rosario, hacer un mapa del delito, sino también, perseguir a todos los eslabones de las organizaciones narcos y reclamó al Congreso que apruebe la ley antilavado de dinero.
Un conocedor del tema de Seguridad Interior exfuncionario menemista, Miguel Ángel Toma, sostuvo la necesidad de actuar desde la inteligencia para abordar la naturaleza transnacional del “narcoterrorismo”. “Vamos a resolver el problema tácticamente, pero cuando uno satura un lugar, el delito no desaparece, migra”, dijo en declaraciones radiales.
Toma agregó que "en la medida en que vaya escalando esto es indispensable que se modifiquen estas leyes, para darle la cobertura necesaria al personal militar, si eventualmente se lo utilizara de una forma más directa, siempre en términos de apoyo", pero, a diferencia de este caso, conduciendo esos equipos o helicópteros. Que pudieran transportar gendarmes o policías para la afectación contra el narcotráfico.
Bullrich dijo que "mientras se voten estas leyes antimafias o antibandas le vamos a pedir a la justicia medidas excepcionales contra el delito narcoterrorista", que implica duplicar las penas a todos los integrantes de la banda que sean detenidos.
El Gobierno destacó la colaboración de los tres niveles y poderes del Estado: Nación, provincia, municipio, legisladores, jueces y fiscales para intentar volver a Rosario a la normalidad.
El gobernador radical, Maximiliano Pullaro, recibió además el apoyo de todo el arco político nacional y gobernadores, incluso desde el kirchnerismo que calificó como un "show" la participación de las FFAA en materia de seguridad interior.