Para el nivel secundario, la regulación establece un esquema más flexible. Los teléfonos solo podrán utilizarse cuando formen parte de una actividad educativa previamente planificada y autorizada por el equipo directivo dentro de proyectos institucionales. En el resto de los casos, cada establecimiento deberá fijar reglas claras para el guardado de los dispositivos e incluso podrá promover recreos libres de pantallas.
Las pautas deberán incorporarse a los acuerdos de convivencia institucional, donde se definirán normas sobre el uso y almacenamiento de los teléfonos, los canales de comunicación con las familias y las responsabilidades ante eventuales pérdidas o daños.
Durante la presentación del programa, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro afirmó que la medida busca transformar el sistema educativo. “El fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir, con los chicos en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital, llevando adelante políticas de fondo que nos van a trascender”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Educación José Goity señaló que la iniciativa responde a un desafío actual de las escuelas. Según explicó, el objetivo es "formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital". También indicó que la propuesta fue discutida previamente con supervisores de los distintos niveles educativos para consensuar los protocolos de aplicación.
La normativa contempla excepciones en casos vinculados a la salud o a situaciones de accesibilidad, como estudiantes que necesiten dispositivos para monitoreo médico o para garantizar condiciones de inclusión. Estas situaciones deberán quedar contempladas en los reglamentos internos de cada institución.
Además, el ministerio propuso que las familias participen en instancias de diálogo con las escuelas y firmen una carta compromiso al inicio del ciclo lectivo para acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes.
En caso de incumplimiento de las nuevas reglas, las intervenciones deberán seguir el principio de gradualidad previsto en los regímenes de convivencia escolar, priorizando instancias de reflexión y reparación antes que sanciones disciplinarias.