Foto publicada en @lavaca (Lina Etchesuri)
A pesar de que la Cámara de Casación Federal había ordenado a la justicia federal de Jujuy que intervenga en los cortes de rutas nacionales, siguen surgiendo fallos que dictaminan su incompetencia. La Cámara Federal de Salta, que tiene jurisdicción en Jujuy, rechazó 13 Hábeas Corpus relacionadas con los detenidos por las protestas contra la reforma de la Constitución local.
Los recursos habían sido formulados por organizaciones de derechos humanos que intentaban frenar que se cumplan las supuestas órdenes de detención por sedición e instigación a cometer delitos del juez de control Rodolfo Fernández, contra los abogados que presuntamente asesoraron los cortes de ruta: Néstor Ariel Ruarte, René Vicente Casas, Roberto Carlos Alemán, Alicia Chalabe y Alberto Nallar.
El recurso de Hábeas Corpus había sido apelado por ANDHES (Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS Capital, HIJOS Paraná, HIJOS Bahía Blanca, la Asociación Civil Miguel Bru, el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino (CISEN), el abogado Santiago Bereciartua, el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro Ex Combatientes de Malvinas La Plata y el Colectivo de Abogados querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad.
En su respuesta, los jueces -de turno durante la feria- Ernesto Solá y Guillermo Elías, ratificaron la resolución de primera instancia que observó que el fuero federal es incompetente, porque si lo que se denuncia es la intervención de personal del Cuerpo de Infantería de la Policía jujeña durante la protesta del 17 de junio pasado en la ruta, entonces “deben ser objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales provinciales en atención al carácter también provincial de la autoridad que impartió la orden”.
En cuanto a los supuestos riesgos de detención, remarcaron que fueron desmentidos por las autoridades judiciales provinciales, al informar desde el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy “que no existía requerimiento alguno formulado por parte del Ministerio
Público de la Acusación ni se había dictado orden de detención ni medida cautelar respecto de Néstor Ariel Ruarte, Vicente Casas, Roberto Carlos Alemán y Alicia Chalabe”.
En relación a Alberto Nallar, se puso en conocimiento que existe en su contra una orden de prisión domiciliaria dispuesta el 13 de julio pasado por el término de 20 días, en el marco del expediente que le sigue la justicia provincial por presunta instigación a cometer delitos y alzamiento público o motín.
Por lo tanto, en cuanto al planteo de un Hábeas Corpus preventivo, el tribunal señaló que no alcanza con los rumores, porque “exige la concurrencia de determinados elementos: amenaza o limitación actual -es decir, no conjetural o potencial- de la libertad física que emane de autoridad o funcionario público y la ilegitimidad de tal circunstancia”.
Un grupo de comerciantes y vecinos de Humahuaca, Tilcara, Maimará y Purmamarca planteó un recurso de amparo ante la justicia federal para que se levanten los piquetes en las rutas nacionales 9, 34, 40, 52 y 66. El juez federal Eduardo Hansen, corrió vista al Ministerio Público Fiscal y al Poder Ejecutivo Nacional.
Los demandantes aseguraron que los cortes de ruta lesionan “los derechos constitucionales de entrar, permanecer y transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comercio, educación, salud de cientos de ciudadanos, comerciantes y productores”.
También denunciaron que quienes viven en la Quebrada están "expuestos a los más diversos y cualquier tipo de ataque o situaciones de violencia extrema".
La provincia de Jujuy, como uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país, está sufriendo pérdidas millonarias por los problemas que se presentan en el traslado de turistas hacia los puntos de interés.
Fuentes relacionadas con la industria turística le dijeron a A24.com: “Tuvimos y tenemos pérdidas porque se dan de baja reservas o se complica dar el servicio por las quejas de los turistas afectados, por lo que se ven obligados a compensarlos”.
Advierten que “cuanto más al norte sean las excursiones, más se topan con piquetes, así que si optan por visitar las Salinas hay un solo corte, pero si van a Iruya, puede haber hasta 5 bloqueos”. El ministro de Turismo jujeño, Federico Posadas, detalló que las pérdidas superan los 5 mil millones de pesos.
Asimismo, entre los emprendedores afectados también hay miembros de las comunidades de pueblos originarios, cuyos ingresos dependen directamente del turismo.
En los últimos días, se registraron incidentes con vecinos que se presentaron en la ruta para reclamar que levanten el corte. Según informaron, un grupo de autoconvocados de Purmamarca se presentó en el corte de ruta nacional 9 y 52, para forzar el levantamiento de la medida de fuerza que realizan las comunidades indígenas. Se cruzaron insultos y golpes de puño, al tiempo que acusaron a los manifestantes de estar financiados por partidos políticos y no pertenecer a las comunidades de pueblos originarios.
Desde el 14 de junio las comunidades indígenas que integran el ”Tercer Malón de la Paz” están mostrando su rechazo a la reforma constitucional de Jujuy. Según la Secretaría de Seguridad Vial, en este momento se mantienen 9 cortes de rutas. Están ubicados en ruta nacional 9 y ruta 52, en el acceso a Purmamarca (con habilitación el paso cada tres horas); RN 9 km 1.773, acceso sur Tilcara (paso cada hora); RN 9 km 1811,5, Humahuaca (con paso cada hora); RN 9 km 1.900, acceso sur Abra Pampa (paso cada 3 horas); RN 9 km 1.971, acceso sur La Quiaca (paso cada 4 horas); ruta nacional 40, acceso a la localidad de Coranzuli (paso cada 6 horas) y en ruta nacional 52 km 135, altura localidad de Susques (paso cada 3 horas).
El gobernador Gerardo Morales publicó una carta abierta en la que denuncia la existencia de “sectores violentos organizados a través de distintos grupos que, disfrazados de organizaciones intermedias de la sociedad, son financiadas con recursos públicos y tienen como finalidad la presión sobre el sistema para obtener cada vez más fondos sin cumplir ningún estándar de transparencia”.
Remarcó que para llevar a cabo sus propósitos “despliegan como escudo la defensa de distintas minorías, enhebrando un relato ideológico que les de justificación y legitimidad política”.
Morales apuntó contra abogados, funcionarios y agentes de inteligencia, quienes estarían “instigando a los pueblos con mentiras tales como que la nueva Constitución de la provincia de Jujuy los despoja de sus tierras y les prohíbe la protesta”.
