¿“Manotazo” ante un inminente veredicto condenatorio?
En los Tribunales vincularon el video de Cristina Fernández contra la Corte Suprema con el juicio de la Causa Vialidad. Afirmaron que no es casual que haya sido publicado justo dos semanas antes de que los fiscales inicien su alegato, en el que se descuenta acusarán a la expresidenta de defraudar al Estado. El veredicto se conocerá antes de fin de año, en una situación histórica, teniendo en cuenta que la principal acusada estará todavía cumpliendo mandato.
Hace un mes, el Máximo Tribunal rechazó los planteos de la defensa de Cristina Fernández, y dejó allanado el camino para la etapa final de este proceso oral. En esa ocasión, los 4 jueces confirmaron al Tribunal Oral Federal 2, descartaron que hubiera doble juzgamiento, y respaldaron los peritajes realizados sobre la propia obra pública cuestionada.
Al mismo tiempo, la Corte aún tiene para resolver otros planteos vinculados a casos que involucran a la vicepresidenta. En cuanto a los sobreseimientos en “Dólar futuro", “Memorándum” y “Los Sauces y Hotesur”, el primero llegó al Máximo Tribunal en un recurso de queja, y los otros dos esperan una resolución en la Cámara de Casación.
Por otra parte, aún resta poner fecha de inicio a otros juicios orales, por ejemplo “Cuadernos”, donde también está procesada por encabezar una presunta asociación ilícita.
Hasta el momento el gobierno fracasó en sus intentos de promover reformas en la Corte, la elección del Procurador General, o la integración del Consejo de la Magistratura encargado de proponer y remover a los jueces. En sectores judiciales recuerdan que si existieran elementos para impugnar a los magistrados cuestionados, existe el mecanismo del juicio político.
Precisamente, el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez sostuvo que “eventuales conductas delictivas de los miembros de la Corte Suprema se canalizan a través de un proceso de juicio político”.
Como sea, los jueces y fiscales prefieren por ahora dejar la discusión en este punto, derivando en las instituciones que los nuclean la expresión de rechazo, pues prefieren evitar producir elementos que luego pudieran ser utilizados como argumento de recusación.
Apoyos del oficialismo y malestar de jueces y fiscales
El manifiesto de Cristina obtuvo el respaldo del presidente Alberto Fernández, el ministro Martín Soria, y el diputado Rodolfo Tailhade, entre otros.
El presidente citó la publicación de su vice en redes sociales, y escribió: "nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática". Agregó que hay "un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen".
Además, el ministro Soria coincidió con el exmagistrado Raúl Zaffaroni en que la justicia trabaja “para avanzar en la proscripción de la vicepresidenta Cristina Kirchner de cara a las elecciones de 2023”.
Tailhade señaló a jueces y fiscales como “decadentes, corruptos y millonarios jugando a la política, que atacan como militantes políticos y se defienden como magistrados independientes”.
En tanto, el senador oficialista Martín Doñate apoyó a Cristina al advertir que "la Corte Suprema es el engranaje más importante para perseguir e imponer un modelo económico y atemorizar a políticos, sindicalistas, empresarios y periodistas".
Al sentirse aludidos, jueces y fiscales tomaron estos dichos como un agravio al poder que representan, por lo que difundieron comunicados de repudio.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), formuló “su profunda preocupación ante las reiteradas expresiones de las más importantes autoridades políticas del país, que, con la intención de cuestionar decisiones de magistrados judiciales que afectan sus intereses sectoriales, sugieren mediáticamente que actúan de manera indebida o ilegal, sin asumir la responsabilidad legal de denunciar o la utilización de la vía recursiva pertinente”.
Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) observó que “más allá del absoluto respeto y garantías que le caben a la señora vicepresidenta como ciudadana de discrepar con decisiones jurisdiccionales que le son adversas, consideramos que quienes ejercen la función pública en las más altas jerarquías deben actuar con equilibrio y mesura en su críticas y respeto institucional".
El Colegio Público de Abogados de Capital Federal también emitió un comunicado en el que aseguró que “deslegitimar públicamente a las/los juezas/ces, aprovechando la alta investidura que confiere el voto popular, no hace más que desprestigiar la función judicial”.
