Bajada: Chubut, Mendoza y Santa Cruz buscan intervenir en la causa que investiga el ingreso del Grupo Petersen a YPF en 2007, antecedente del millonario juicio por la expropiación.
Los gobernadores de Chubut, Mendoza y Santa Cruz se presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga el ingreso del Grupo Petersen a YPF en 2007. La decisión apunta a participar activamente en un expediente que consideran clave para las provincias petroleras. La causa penal está vinculada al proceso de compra de acciones por parte del grupo Eskenazi, antecedente directo del juicio internacional que enfrenta Argentina.
"Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece", afirmó Ignacio Torres, gobernador de Chubut. En la misma línea, indicó que los mandatarios provinciales podrían acudir a instancias internacionales: "De ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal".
El mandatario chubutense aseguró que la operatoria que permitió el ingreso del Grupo Petersen a la petrolera estatal tuvo consecuencias jurídicas de gran escala. "Ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió", afirmó, en referencia al fallo de la jueza Loretta Preska que ordena al Estado argentino pagar US$ 16.000 millones más intereses.
Los gobernadores buscan frenar el avance judicial en Nueva York
La presentación la encabezaron el propio Torres , Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Los tres coincidieron en la necesidad de que las provincias tomen un rol activo frente a un proceso judicial que podría afectar sus intereses económicos. "Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras", declaró Torres.
El mandatario detalló que el grupo Eskenazi accedió al 25% de las acciones de YPF mediante un esquema financiero basado en dividendos. "El grupo Eskenazi se hace del 25% de las acciones de YPF apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados, y esto precede a la expropiación", explicó.
Según el gobernador, tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, el grupo Petersen vendió los derechos del juicio al fondo Burford Capital. "Luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el grupo Eskenazi le vende el juicio que había iniciado contra la República Argentina [...] a un fondo muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país", señaló.
El argumento de las provincias se basa en que una parte de las acciones expropiadas pertenecía a ellas. "En esa expropiación, el 49% del 51% expropiado, es de las provincias productoras de petróleo", indicó Torres.
Intervención paralela ante la Corte de Apelaciones en EE.UU.
Además de la acción penal en Argentina, Chubut presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el mismo sentido. La provincia se presentó como amici curiae en la causa que encabeza la jueza Loretta Preska. El objetivo es señalar que las provincias petroleras también tienen participación accionaria en YPF.
En esa línea, Torres cuestionó los alcances del fallo de Preska. "El fallo de la magistrada neoyorkina no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado Argentino", advirtió.
El litigio internacional se originó tras la expropiación de YPF, sancionada por el Congreso en 2012. En ese momento, Repsol tenía el 57% de las acciones, luego de desprenderse del 25% en favor del Grupo Petersen. La operación fue finalmente compensada por el Estado en 2014, cuando Repsol aceptó una indemnización de US$ 5.000 millones.
Burford Capital tomó la posta del litigio en 2015 y demandó a la Argentina por no haber hecho una oferta a todos los accionistas, tal como establece el estatuto de YPF. En 2023, la jueza Preska dio la razón a los demandantes. La magistrada concluyó que el país "incumplió el contrato", aunque eximió de responsabilidad a la compañía petrolera.
En junio de 2025, Preska ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del resarcimiento. Sin embargo, esa decisión quedó en suspenso. Un mes después, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió de manera preventiva esa orden, eximiendo por el momento a la Argentina de entregar las acciones.
La presentación conjunta de los tres gobernadores marca un cambio de estrategia en la respuesta institucional al litigio por la expropiación. Las provincias buscan incidir tanto en el ámbito penal local como en la instancia internacional. Aunque el desenlace del caso sigue abierto, el involucramiento de los gobiernos provinciales introduce una nueva dimensión política y jurídica en un conflicto que lleva más de una década en tribunales.
