Cómo será el protocolo para abordar casos de violencia de género
En primer lugar, la iniciativa indica que se aplicará para "todas las personas que están vinculadas laboralmente al Sector Público Nacional, con independencia de su situación de revista, cargo, función, modalidad de contratación o antigüedad", y las que "están vinculadas laboralmente al Sector Público Nacional y que se encuentren atravesando una situación de violencia por motivos de género por fuera del ámbito laboral, contarán con el acompañamiento del organismo en el que trabajen".
Luego, se establece que se consideran hechos de violencia y acoso por motivos de género en el ámbito laboral a "toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, tanto en el ámbito público como en el privado –dentro de las relaciones laborales-, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así, la seguridad personal y/o carrera laboral de mujeres y LGTBI+".
En tanto, se conformarán equipos de orientación, un área de género y/o un área con competencia en la materia, con el objeto de brindar asesoramiento, atender las consultas y realizar derivaciones relativas a las situaciones abordadas por el protocolo, y será el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad el organismo que capacitará a los equipos de orientación.
¿Qué sucede si aparece un caso de violencia de género en el sector público?
Según el protocolo, los equipos de orientación recibirán las consultas de aquellas personas que requieran asesoramiento por atravesar situaciones de violencia de género y se les brindarán asistencia de primera escucha, se analizará la situación y se realizará un informe con los hechos más relevantes y los mecanismos de protección que será elevado a la máxima autoridad del organismo. Más adelante, se realizará un registro semestral de las consultas recibidas.
En todos los procesos administrativos debe garantizarse la confidencialidad, discreción, imparcialidad, celeridad y reserva de las actuaciones, e impulsar su tratamiento y resolución por la autoridad administrativa competente. Asimismo, regirá el principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, sostiene el protocolo.
Por otro lado, cada organismo establecerá el área competente para la realización de acciones de prevención como campañas y cursos para la prevención de la violencia de género.
Además, la persona en situación de violencia por motivos de género que realice consulta y/o denuncia podrá solicitar la modificación del lugar y/u horario de prestación de servicio para resguardar su integridad. También se recomienda a todos los organismos del Sector Público Nacional que reconozca la licencia por violencia de género.