OFICIAL ANSES: más de 200.000 pensiones DEJARÁN de pagarse desde noviembre

• Documentación de ingresos: comprobantes que demuestren la situación económica del beneficiario y su núcleo familiar.
• Informe médico actualizado: que acredite la condición de discapacidad, en caso de que la pensión sea por esta causa.
• Formulario de solicitud de reconsideración: disponible en las oficinas de ANSES y ANDIS, el cual debe ser completado y firmado por el beneficiario.

Para quienes necesiten actualizar o corregir información, se recomienda iniciar el trámite lo antes posible para evitar el cese prolongado de los beneficios. Además, existen entidades y organizaciones no gubernamentales que ofrecen orientación para gestionar estos trámites.

Actualmente, el sistema argentino de Pensiones no Contributivas alcanza a un total de 1.250.000 beneficiarios. Este número incluye tanto a personas con discapacidad como a madres de siete o más hijos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Con la gestión actual de Javier Milei, se sumaron 20.000 nuevas solicitudes desde diciembre de 2023, y se encuentra en revisión una cifra significativa de casos que totalizan 600.000 posibles beneficiarios adicionales.

A nivel económico, la cobertura de asistencia por discapacidad es actualmente de $171.024, monto que representa el 70% de una jubilación mínima.

Los requisitos para acceder a una Pensión no Contributiva

• Residencia y ciudadanía: ser ciudadano argentino o tener una residencia mínima de 20 años en el país.
• Condición económica: carecer de ingresos propios o familiares que excedan los límites establecidos por el Estado.
• No ser beneficiario de otra pensión o jubilación: la persona no debe estar recibiendo otro tipo de beneficio previsional.
• Certificación de discapacidad o condición especial: en caso de pensiones por discapacidad, el solicitante debe presentar un certificado médico que acredite su condición.

El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en la baja de la pensión. En el contexto de la auditoría 2024, el principal enfoque se centró en verificar la situación económica de los beneficiarios, evaluando ingresos de familiares directos y activos que puedan influir en la situación patrimonial del hogar.