La Justicia confirmó el macabro hallazgo y ahora intenta lograr una condena efectiva para el autor de la masacre.
Es un vecino más de una tranquila localidad de España. Todos conocen a Antonio Sánchez como "El Patilla", y conocen su oficio: trabaja en un taller mecánico. Sin embargo, en las últimas horas trascendió el costado más macabro de su personalidad: es el principal sospechoso de haber dejado morir de inanición a 32 perros en su taller en el pasado junio.
La localidad, ubicada al sur de Badajoz y limítrofe con Córdoba, cuenta con menos de 8.000 habitantes. Allí, el silencio pesa. Nadie quiere dar detalles que puedan identificar al cazador, por miedo a represalias. Algunos vecinos aseguran que ya ha habido consecuencias violentas contra quienes “hablaron de más”, aunque evitan dar ejemplos. Y nadie se siente cómodo describiendo cómo, desde el momento de la muerte de los animales hasta la inspección de un organismo sanitario españaol, la semana pasada, los cuerpos se fueron descomponiendo, algunos todavía encadenados y otros con signos de haber sido devorados por los pocos que sobrevivieron unos días más.
Sánchez, de unos 40 años, es hijo de un peón rural y un apasionado de la caza. Ahora es investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz y por el Juzgado de Instrucción de Llerena por un presunto delito de abandono animal. La Guardia Civil confirma que está en libertad.
Según se cuenta en el pueblo, el día que la noticia del hallazgo salió en Canal Extremadura, el Patilla estaba preparando un auto en su taller.
Los perros asesinados eran podencos, usados para la caza mayor. La finca donde murieron, de 1.490 metros cuadrados, está a diez minutos en coche hacia Malcocinado. Allí se grabaron las imágenes difundidas por la Guardia Civil que hoy conmueven a España.
El delito de abandono animal rara vez conlleva cárcel, pero el caso podría calificarse como maltrato animal por omisión, con una pena máxima de dos años por animal. Desde la reforma de 2015, cada muerte cuenta como un delito independiente, por lo que Sánchez podría enfrentar 32 acusaciones. Aun así, los abogados querellantes creen que lo más probable es que no ingrese en prisión, ya que los jueces suelen ajustar la condena para evitarlo.
María Menglano, vicepresidenta de una asociación protectora de animales, asegura que en su experiencia “es muy difícil que haya prisión, hayas matado a 32 perros o solo a uno”. Añade que en zonas rurales las denuncias escasean por las amenazas y agresiones que sufren quienes señalan a los culpables. “Quien es capaz de matar a un perro es capaz de pegar a un niño, a su mujer y hasta a su madre”, sentencia.
No es un caso aislado. En 2020, otro cazador de Badajoz dejó morir a una veintena de animales; fue condenado este año a 20 meses de prisión y seis años de inhabilitación para trabajar con animales.
El marco legal tampoco ayuda. La Ley 7/2023 de Bienestar Animal de España excluye expresamente a los perros de caza y rehalas. El PSOE prometió en 2023 una normativa específica para ellos, pero el proyecto quedó congelado. Dos años después, el Ministerio de Agricultura menciona la tramitación de “algunos” decretos, como la identificación obligatoria, pero nada más. “Los han dejado muy desprotegidos, siendo los perros más maltratados”, denuncia Menglano.
Pacma ha expresado su indignación y convocó una manifestación en Madrid para exigir penas más duras y controles estrictos al sector de la caza. “Estos animales son tratados como herramientas y, cuando dejan de ser útiles, son condenados al olvido, al encierro o a una muerte lenta como esta”.
