• La “verdad judicial” le ganó a los interrogantes y los matices que los tribunales no pudieron resolver. Claro que tener tanto apego a un expediente, más de dos décadas después, merece el reconocimiento de que la principal fuente de información fue respetada con rigurosidad. Aun así, el suicidio de Yabrán, las versiones contradictorias de los autores materiales, las interferencias del poder político en el caso y las internas policiales-judiciales que le dieron contexto, dejaron amplias hendijas por donde se escurrieron verdades que hubieran permitido una reconstrucción más completa y “real” de los hechos.
Reconozco que pueden ser críticas facilistas. Para resolver dichas “falencias”, el documental habría requerido pasar a ser mini-serie, ficcionalizar escenas a falta de archivos audiovisuales, demorar todos los plazos de producción previstos y multiplicar presupuestos, en tiempos de inflación y postpandemia.
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José Luis Cabezas y Edi Zunino.
Estuve muy cerca de aquella investigación. De hecho, la dirección de la revista Noticias me puso al frente del equipo que llevó el caso durante los tres años que duró la pesquisa judicial. Trabajamos a la par de los abogados. Buscamos fuentes, testigos y pruebas que, rigurosamente, pusimos a disposición del juez antes de ser publicadas. Algunos resultaron contundentes. Por ejemplo, una tarjeta de cumpleaños que acompañaba un jarrón de regalo por parte de Yabrán a un sindicalista amigo suyo y que decía: “Si no te gusta, es para que le rompas la cabeza a algún fotógrafo indiscreto”. El título de tapa fue: “La prueba del odio”. Si quedaban dudas, hasta ahí llegaron.
Igual, es posible que el crimen de José Luis no haya tenido la estricta “confección mafiosa” detallada en el expediente, donde un empresario impartió la orden explícita de matar y sus mandaderos uniformados la cumplieron, fusilando de un tiro en la nuca a un Cabezas puesto de rodillas, como en un ritual. En sus primeros testimonios -que luego fueron cambiando- los delincuentes comunes contratados por el policía Gustavo Prellezo narraron que uno de ellos, Horacio Anselmo Braga, “se puso loquito y lo mató” mientras trasladaban al fotógrafo en el asiento del acompañante del auto que terminaría incendiado con su cadáver adentro. Braga iba sentado atrás de Cabezas. Llevaba el arma criminal, según aquellas mismas declaraciones iniciales.
¿Importa si Yabrán dio la orden concreta de matar? ¿Importa si Prellezo fue quien disparó el 38? A efectos de los hechos, seguramente sí. No, desde luego, en cuanto a las responsabilidades criminales. Quedó consignado que Yabrán había pedido que le eviten “molestias” periodísticas aquel verano en Pinamar. También que su jefe de custodia -el militar Gregorio Ríos- y el mencionado policía se lo prometieron. Y, asimismo, que Prellezo armó una banda que siguió, redujo y secuestró a una persona que acabó asesinada e incinerada para borrar pruebas.
Todos están libres ya. Prellezo estudió Derecho en prisión y quiere que le reconozcan su matrícula de abogado. Se basa en su derecho a la reinserción social. Como si haber sido un policía-delincuente no lo inhabilitara a volver a ser “auxiliar de la justicia” por otros medios.
Si ven el documental, eso les va a quedar bien claro. También la insinuación bastante precisa de un país clandestino que todavía existe, salvando las distancias.
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Los Horneros, los condenados por el caso José Luis Cabezas que hoy ya no están presos.
