Atentado a la AMIA. Fuente: Télam.
El 18 de julio de 1994, una bomba estalló en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en la calle Pasteur del barrio porteño de Balvanera. El ataque mató a 85 personas y dejó más de 300 heridos. Fue del atentado terrorista más grande ocurrido en el país. Hasta el día de hoy, no hay condenados por el crimen.
Ese día, el barrio de Once vivía su habitual ritmo comercial. La explosión sucedió a las a las 9.53 de la mañana y la institución quedó reducida a escombros en segundos. La onda expansiva se sintió con fuerza en la zona. En rigor, el edificio ubicado frente a la AMIA, así como los vidrios y puertas de las propiedades adyacentes, se dañaron de forma completa.
En minutos, rescatistas y voluntarios se acercaron para buscar a las víctimas atrapadas. Entre gritos y desconcierto, los primeros cuerpos encontrados se depositaron en la vereda de Pasteur a la espera de su traslado a la morgue. Los heridos, en tanto, eran atendidos por el SAME en plena calle y trasladados al Hospital de Clínicas.
En este marco, el lugar se vio colmado de gente en poco tiempo. Recién a las 12.15 se puso un vallado para permitir el ingreso de ambulancias entre voluntarios, policías, curiosos y periodistas. Al mismo tiempo, funcionarios del entonces gobierno de Carlos Menem se lanzaron a mostrarse en la zona.
En medio de derrumbes ocasionales, la búsqueda de desaparecidos duró días. Mientras, en la Plaza del Congreso la gente se reunió para reclamar "justicia".
El entonces juez federal Juan José Galeano asumió la investigación y en poco tiempo estableció que el ataque había sido perpetrado por un terrorista suicida que chocó una camioneta cargada de explosivos contra la entrada de la mutual. El block de un motor de una Renault Traffic hallado entre los escombros por militares israelíes permitió establecer esa hipótesis.
A fines de julio de ese año, Galeano viajó a Caracas, Venezuela, a entrevistar a Manoucher Motamer (quien luego sería señalado como agente de la CIA), un exdiplomático iraní quien le entregó información que vinculaba a funcionarios de su país al hecho. Ese fue el inicio de una causa que sigue inconclusa hasta la actualidad.
El "primer juicio" sobre el atentado a la AMIA comenzó siete años después, en 2001. Se llevó a 22 acusados ante los tribunales. Entre ellos, había ex policías acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos.
Tres años después, en septiembre de 2004, la Justicia absolvió a todos por falta de pruebas. El juez Juan José Galeano y los fiscales, José Barbaccia y Eamon Mullen también fueron destituidos. Su remoción se vinculaba al pago ilegal de 400 mil dólares a un reducidor de autos llamado Carlos Telleldín para que acusara a los policías.
En 2015 se inició un segundo juicio en el marco de la causa AMIA. Esta vez, se buscaba determinar la responsabilidad de trece implicados en la supuesta operación de encubrimiento. Durante este nuevo proceso judicial se demostró que Galeano coaccionó a testigos y le pagó un soborno a Telleldín.
En 2005, Alberto Nisman fue nombrado a cargo de la Unidad Fiscal AMIA para seguir con la investigación. Un año después, el fiscal acusó de manera formal a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo. En este marco, la Justicia cursó un pedido de detención contra funcionarios iraníes, entre ellos, el ex presidente del país Alí Rafsanjani; el embajador Hadi Soleimanpour y el imán Moshen Rabbani.
Irán desestimó las acusaciones y rechazó los pedidos de captura por considerar que “no estaban correctamente fundados y no existían pruebas que los avalaran”. Poco después, en noviembre de 2007, Interpol emitió un pedido de captura contra los implicados.
En enero 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó “un memorándum de entendimiento” con Irán, que luego ratificó el Congreso Nacional, para que los acusados declaren en la causa en un país neutral o en Teherán.
En 2014, la Cámara Federal declaró inconstitucional el acuerdo y el Gobierno apeló. Durante la administración de Mauricio Macri, se desistió de la medida judicial y el memorándum quedó sin efecto.
En los últimos años, la Unidad Fiscal AMIA identificó a la víctima 85 del atentado por medio de ADN. Además, descubrió restos que no se corresponden con ninguno de los familiares. También, se estableció que el supuesto organizador del atentado, que según Nisman se llamaba Samuel El Reda, en verdad sería Salman Raouf, que actualmente vive en El Libano.
Hasta el momento, no existen datos certeros que permitan saber de dónde salió el explosivo utilizado, quién armó la camioneta bomba, quienes ingresaron al país para llevar a cabo el ataque y quién o quiénes fueron los atacantes suicidas.
