El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha de conmemoración por las luchas y conquistas en materia de derechos, y años después, sus voces se imponen cada vez más con más fuerza.
El 3 de junio de 2015, las calles del país se llenaban de mujeres de todas las edades para reclamar la erradicación de los femicidios y las violencias contra las mujeres bajo el lema "Ni una menos".
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha de conmemoración por las luchas y conquistas en materia de derechos, y años después, sus voces se imponen cada vez más con más fuerza.
A continuación, un repaso de los hechos más trascendentes del activismo femenino en la historia argentina por sus derechos laborales, políticos, sociales, económicos y de género.
El 11 de noviembre de 1951 las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez a nivel nacional su derecho al voto y a ser elegidas representantes.
"Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria”, exclamó Eva Perón el 9 de abril de 1947 ante una multitud de mujeres en la Plaza de Mayo. Si bien la ley se promulgó en 1947, recién en 1951 las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto.
Alcira de la Peña, al presentarse en el puesto de vicepresidenta por el Partido Comunista, se convirtió en la primera mujer argentina en ser candidata oficial a un cargo ejecutivo nacional.
Desde su aprobación en 2008, la ley 26.364 tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. La reglamentación hizo foco en los pasos por seguir para resguardar los derechos de las víctimas. Se estableció que "el Estado nacional procurará que el primer contacto sea llevado adelante por profesionales especializados en trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". Desde la sanción de la ley hasta el 31 de agosto de 2019, se han rescatado y/o asistido un total de 14.505 víctimas.
En 2009, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se crea la Oficina de la Mujer con la iniciativa de impulsar la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, a fin de alcanzar la equidad de género, tanto para quienes utilizan el sistema de justicia como para quienes trabajan en él.
Desde 2009, la ley 26.485 busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Enumera la violencia doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática. La ley aspira a eliminar la discriminación entre mujeres en todos los órdenes de la vida, afirmando en particular el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
La figura de femicidio como un agravante a la ley 26.791 se incorporó al Código Penal en 2012 tras ser aprobada por el Congreso. La Cámara de Diputados le dio el visto bueno luego de una breve sesión, sin debate y por unanimidad.
Las cifras de la violencia de género son alarmantes y en Argentina no existían estadísticas oficiales sobre femicidios ni violencia de género. En 2014, se crea el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Su objetivo es visibilizar las consecuencias letales de la violencia de género y aportar al diseño de políticas públicas orientadas a la prevención de esta problemática. En la actualidad incluye también datos de travesticidios y transfemicidios.
La marcha denominada Ni una menos se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015. Ese día, más de 200.000 personas se concentraron en las inmediaciones del Congreso de la Nación para pedir la implementación de políticas integrales entre todos los poderes y jurisdicciones del Estado para para decirle basta a los femicidios y a la violencia de género.
La ley 25.929 fue sancionada en 2015. Garantiza el derecho a la no violencia de las mujeres cuando van a parir. Establece los derechos de las madres a la información, al trato digno, respetuoso e individual y la defensa de su libertad de elección respecto de la persona que la acompañará durante los controles prenatales, durante el parto y el postparto. Dispone que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al PMO (Programa Médico Obligatorio).
Desde 2017, la norma introduce el artículo 60 bis en el Código Nacional Electoral y fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales. También incorpora la igualdad de género a nivel partidario, aunque en este caso no será obligatorio intercalar postulantes, sino que las listas deberán completarse con un 50% de representantes de cada sexo.
La conocida Ley Micaela, en recuerdo de la joven entrerriana de 21 años cuyo femicidio, ocurrido en 2017, logró conmover al país. La normativa busca la capacitación de género obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Luego de 12 horas de debate en el Senado de la Nación por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, se convertía en realidad aquel proyecto de ley que reflejaba el derecho de las mujeres a elegir su camino hacia la maternidad. El 24 de Enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio nacional la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que regula la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto.
