Durante el Día Internacional de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el mapa de género de 2021 y dio a conocer la firma de un convenio entre los Tribunales superiores del resto del país.
El mapa de género de 2021muestra que casi 6 de cada 10 integrantes de la Justicia son mujeres, sin embargo solo 3 llegan ocupar a los máximos cargos.
Nosotros nos ocupamos de capacitar para que se implementen mecanismos de evaluación de riesgo, de dictado de medidas cautelares eficaces", dice María Delia Castañares, Titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.
"Nuestra Corte ha sido pionera con un programa de capacitación de perspectiva de género en los poderes del Estado", dice castañares y agrega que esa experiencia se tomo como ejemplo como dan cuenta los fundamentos de la Ley Micaela.
Durante el Día Internacional de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el mapa de género de 2021 y dio a conocer la firma de un convenio entre los Tribunales superiores del resto del país.
El mapa de género es presentado cada año por la Oficina de la Mujer (OM) del máximo tribunal, el organismo creado en 2009 por la entonces jueza de la Corte, la Dra. Carmen Argibay. Su objetivo es introducir la perspectiva de género en el ámbito del Poder Judicial en busca de la "equidad de género, tanto para quienes utilizan el sistema de justicia como para quienes trabajan en él".
En este 8M A24.com conversó con su titular, la Dra. María Delia Castañares.
Se trata de un mapa que da cuenta de cómo se distribuyen por género de los cargos del Sistema de Justicia de la Argentina. Cada año la OM presenta el mapa actualizado con información que aportan las distintas jurisdicciones del país. El de 2021 muestra que casi 6 de cada 10 integrantes de la Justicia son mujeres, sin embargo solo 3 llegan ocupar a los máximos cargos.
¿Cuáles son los puntos para resaltar y qué primeros escenarios presenta el mapa de 2021?
Si bien hubo algunos avances a nivel de la magistratura, en 2021 son menos las mujeres en los vértices de diferentes organismos del sistema de justicia, tales como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superiores Tribunales y Cortes de Justicia provinciales, y Cámaras Nacionales y Federales.
Igual que en los años anteriores, se observa que, si bien en 2021 el sistema de justicia estuvo conformado mayoritariamente por mujeres (57 %), su participación disminuye en las posiciones superiores: eran mujeres solo el 30 % de las autoridades máximas y el 45 % de quienes accedieron a un cargo de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a (lo cual incluye también a las máximas autoridades).
Al contrario, las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61% en ambos casos). Estos porcentajes dan cuenta de que el “techo de cristal” aparece para las mujeres cuando concursan para acceder a la magistratura, y más aún, para acceder al nivel máximo de autoridad.
Casos como el de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años asesinada por un policía en la ciudad bonaerense de Rojas, en febrero de 2021 dan cuenta de las fallas del Estado a la hora de respaldar a las mujeres que sufren violencia de género. La falta de esta perspectiva y del cumplimiento de la Ley Micaela en el ámbito judicial es uno de los reclamos de los movimientos de mujeres y diversidades.
¿Qué indican los diagnóstico que hacen desde la OM respecto de prácticas que conservan la desigualdad de género y complican el acceso a la Justicia de las mujeres?
Nuestra Corte ha sido pionera en la materia, con la implementación de este programa de capacitación, en el año 2010 cuando era muy difícil hablar de perspectiva de género en los poderes del Estado. Esta experiencia incluso fue tomada como ejemplo tal como surge de los fundamentos de la Ley Micaela.
Los poderes judiciales de todo el país trabajan en sintonía con esta materia. El programa de capacitación básico está conformado por un ciclo de 40 horas, que interactúan entre si y con un sistema de replicadoras y replicadores a través de una plataforma virtual. A esta instancia de capacitación le sumamos las capacitaciones mensuales por parte de expertas y expertos que se dictan para todo el país.
Es importante tener en cuenta que se trata de un cambio cultural que no se cambian en poco tiempo. Las generaciones que hoy integran los poderes de la república, de todas las instituciones de nuestro país y del mundo, están conformadas por personas formadas en una matriz patriarcal muy fuerte, de siglos de vigencia plena. Es muy difícil para todos y todas detectar los patrones machistas, los micro machismos.
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, el presidente de la Corte, el Dr. Horacio Rosatti convocó a las máximas autoridades del país y a las ministras y ministros que dirigen las Oficinas de la Mujer y de Género a un encuentro de trabajo, donde se evaluará lo hecho hasta ahora y se comenzará a planificar los próximos pasos.
La OM habilitó talleres de capacitación para sensibilizar sobre la temática ¿Cómo resulta la experiencia? ¿Qué otras políticas podrían implementarse para facilitar el acceso a la Justicia?
Sin recursos económicos para que la víctima pueda mantener su denuncia, sin viviendas para ella, sin patrocinio jurídico especializado y suficiente, sin dispositivos electrónicos de control para el agresor, monitoreados efectivamente por las fuerzas de seguridad, resulta muy difícil abordar de manera eficaz las situaciones de violencia solamente desde el Poder Judicial.
Todo el Estado de manera armoniosa debería implementar medidas efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades. El Poder Judicial es solo una parte. Nosotros nos ocupamos de capacitar para que se implementen mecanismos de evaluación de riesgo, de dictado de medidas cautelares eficaces.
A raíz del caso de la Sra. Olga Díaz, que no obtuvo una respuesta oportuna y eficaz por parte del Estado, y sufrió las consecuencias de ello, a punto de sufrir una tentativa de femicidio, hemos publicado un documento con los Principios generales de actuación para el efectivo cumplimiento de la ley 26.485.
El hecho conmovió en las últimas semanas. Un grupo de seis jóvenes violó a una joven en un auto en pleno barrio de Palermo. Sin embargo, lo sucedido allí no es un hecho aislado. En 2019, una adolescente de 14 años fue atacada sexualmente en un camping de Miramar.
Los acusados del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas" son tres jóvenes que resultaron "no culpables" según el veredicto que dio en un juicio por jurados. Tiempo después, en diciembre de 2021 el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el juicio contra Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba. Y consideró que en el proceso hubo un "claro avasallamiento a los derechos" de la joven.
Otro tanto sucedió en Chubut, donde en 2020 una joven denunció que había sido violada cuando tenía 16 años -en 2012- por un grupo de varones en una casa del balneario Playa Unión de la ciudad de Rawson, Chubut. El fiscal Fernando Rivarola acordó un juicio abreviado para tres de los seis imputados. En una parte del pedido de juicio abreviado se menciona un “accionar doloso de desahogo sexual”.
¿Qué abordajes podrían darse ante casos donde parte de la Justicia minimiza la responsabilidad sobre los acusados y así revictimiza a la víctima?
Al ser la nuestra una Oficina que depende de la Corte Suprema no es correcto opinar en relación a casos concretos, dado que en su momento puede intervenir. Existe el mecanismo jurídico para que las decisiones sean revisadas, con el respeto de las garantías constitucionales y los consejos de la magistratura provinciales son los que tienen la potestad de evaluar el desempeño de quienes la integran.
Existe una norma que regula sobre la este punto. Se trata de la ley 26485 . La misma define la define como la violencia "la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer". Esto se hace lo hace, por ejemplo a través de perjudicar sus bienes materiales como "instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales", según indica el inciso b.
Además incluye la "limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades" así como la "privación de los medios indispensables para vivir una vida digna". También refiere a que se limiten o controlen los ingresos de la mujer. Y algo sobre lo que los movimientos de mujeres luchas desde hace más de un siglo: "la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo".
Según su reflexión, ¿Qué impactos tiene el hecho de que hoy haya una Corte sin integrantes mujeres?
El primer impacto es que no se cumple con los estándares convencionales establecidos para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los varones.
Por otro lado, creo que las distintas miradas, desde las experiencias que nos han atravesado, en donde el género es una variable insoslayable para la culturización con todo lo que implica, enriquece todo espacio y permite además mejorar el desempeño de quienes integramos en este caso el Sistema de Justicia, La impronta que han dejado las dos mujeres que han integrado esta Corte, Carmen Argibay y Elena Highton así lo demuestran.
Por último, quiero citar al Grupo de Alto Nivel sobre Justicia para las Mujeres, “la participación profesional de las mujeres en el sector de la justicia es tanto un derecho humano como un componente crucial de la buena gobernanza”.