Política

En Argentina solo el 15% de las causas de corrupción llegan a juicio oral

¿Por qué hay tantas causas y tan pocos juicios? ¿Quiénes son los políticos con más causas abiertas en Argentina? ¿De qué se los acusa?
Kristel Freire
por Kristel Freire |
Julio DeVido

Julio DeVido, Cristina Fernández y Mauricio Macri encabezan la lista de políticos con más causas abiertas

Argentina cayó 18 puestos en un ranking internacional que mide la corrupción; está en el puesto 96 entre 180 países, según el índice anual que elabora la ONG Transparencia Internacional. Ante ese panorama, la Fundación Conocimiento Abierto en alianza con ACIJ elaboró un Observatorio de las causas de corrupción y según esos datos, el 15,18% de las causas que tienen como protagonistas a representantes políticos llegan a juicio oral. Es decir que de 1.311, solo 199 alcanzaron esa instancia.

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Según Florencia Ferro, socióloga y coordinadora de parte del proyecto del observatorio "los datos evidencian una vez más que es necesaria una reforma del sistema de justicia, que además de lento hoy no es neutral y no pone a disposición los dispositivos y herramientas con los que ya cuenta. No se trata de articular un nuevo poder judicial sino de activar su funcionamiento".

"La justicia debe ser imparcial, con jueces, juezas y fiscales designades por procedimientos transparentes que aseguren su independencia e idoneidad. Es fundamental que la reforma sea transversal e integral desde una perspectiva de género y de los derechos humanos. Además es importante que las autoridades judiciales rindan cuentas de sus actos y que sean sancionadas mediante procedimientos públicos, transparentes cuando incumplan sus deberes", indica Ferro.

Entre los políticos con más causas de corrupción, en primer lugar está Julio De Vido (57), seguido de Cristina Fernandez (42), en tercer lugar está Mauricio Macri (31), seguido de Ricardo Jaime (27) y en quinto lugar está Ricardo Echegaray (21).

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Causas en la justicia por personaje político

Causas en la justicia por personaje político

Por su parte, Ricardo Rouvier, sociólogo y analista político, asegura que uno de los pilares fundamentales para elaborar una mirada panorámica del problema, que no solo recae en la justicia, es la percepción de la gente sobre la corrupción. "La percepción de la opinión pública sobre la corrupción no me dice exactamente la magnitud de la corrupción", sostiene.

Según Rouvier, la corrupción ha bajado dentro de la lista de preocupaciones del argentino promedio. "Ha pasado a estar primero la cuarentena, la pobreza, la situación socioeconómica, la inflación y corrupción quedó bastante abajo". Rouvier afirma que esto tiene que ver, en gran parte, con los medios de comunicación: si se habla más sobre corrupción, este ítem pasa a los primeros lugares de preocupación. Además, el factor justicia no está asociado al factor corrupción directamente. En 2016 hubo más causas abiertas y también más atención de los medios de comunicación sobre estas causas, lo que puso al ítem corrupción como un tema importante dentro del imaginario colectivo.

"La gente percibe que la justicia funciona, no sanciona", explica Rouvier. Pero hay que tener cuidado con esa percepción. "Cuando hay un hecho aberrante como la violación de una nena seguido de homicidio, que es uno de los delitos más graves, al otro día si yo mido, crece enormemente el factor inseguridad y el pedido de mayor punición porque lo que la gente le pide al estado es que la gente liquide a los delincuentes. Eso está mediado por la educación, por la civilización; lo que se le pide al estado es que castigue", asegura Rouvier.

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Gráfico del Observatorio de Causas contra la Corrupción de la Fundación Conocimiento Abierto

Gráfico del Observatorio de Causas contra la Corrupción de la Fundación Conocimiento Abierto

En Argentina, según Rouvier, hay consenso de que la justicia no funciona, no castiga. "La percepción es que el ladrón o delincuente entra por una puerta y sale por la otra", resume.

Las causas

El delito con mayor número de causas abiertas es el de abuso de autoridad y violación a los deberes del funcionario público (295), seguido de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública (276). En tercer lugar, averiguación de delito (243), luego omisión o retardo de acto de algún oficio (156) y por último, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (135).

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Gráfico del Observatorio de Causas contra la Corrupción de la Fundación Conocimiento Abierto

Gráfico del Observatorio de Causas contra la Corrupción de la Fundación Conocimiento Abierto

Según la abogada y docente de la UBA, Silvia Cantarutti, "lamentablemente los casos de corrupción judicializados y los 'indeterminables' acuerdos extrajudiciales, han convertido al fiel cumplimiento de nuestra Constitución Nacional en un mero deseo. La observación de la garantía del debido proceso para los imputados es necesaria, así como el compromiso de los magistrados sobre el avance del mismo hace el juicio oral y condena de los imputados en los casos cuya prueba ha sido irrefutable". Cantarutti advierte que un ranking elaborado sobre datos de causas sin condena merece cuidado.

El gobierno de Alberto Fernández está impulsando una reforma judicial, que tocaría también las causas de corrupción. Según Cantarutti, "toda reforma necesita consenso y esto es lo que sucede con la aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicando al Congreso formule la ley oportuna de ampliación a 20 miembros y el nuevo sistema de integración de los mismos en el Consejo de la Magistratura."

Además, afirma sobre los tiempos y las formas del poder judicial que "decir que los tiempos de la justicia son eternos es algo demasiado aventurado ya que, no solo deben respetarse las garantías constituciones del artículo 18 de la Constitución Nacional sobre la defensa en juicio, sino que todo proceso tiene sus particularidades, según el fuero (penal, civil, comercial, federal, laboral, etc.) junto a la garantía de la doble instancia (Cámaras de Apelación). Los plazos y sus ampliaciones, las impugnaciones, apelaciones, substanciación de los recursos, y toda norma procesal que hace un tanto más lento el paso del tiempo hasta llegar a la decisión definitiva, que una vez firme, podrá ejecutarse".

Y subraya que "reparar un daño es mucho más costoso que producirlo y en esto, el proceso judicial no colabora. Cierto es que la obligatoriedad del expediente electrónico a causa de la pandemia del Covid-19, ha venido a mejorar el proceso. Resta esperar que todo el sistema informático y capacitación humana, se comporten acorde las circunstancias".

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