La protesta se desarrolló en el Palacio Pizzurno en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. La movilización ocurrió un día después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la norma.
Estudiantes ingresaron a la fuerza a la Secretaría de Educación. (Foto: captura de video)
Un grupo de estudiantes ingresaron este miércoles al edificio de la Secretaría de Educación, ubicado en el Palacio Pizzurno, y realizaron una sentada para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó en el exterior del edificio y luego se trasladó al interior, donde se produjeron empujones entre los manifestantes, los guardias de seguridad y efectivos de la Policía Federal.
Quienes lograron atravesar el cordón de seguridad se sentaron en el piso y comenzaron a reclamar una reunión con las autoridades. “Vamos a hacer una sentada pacífica”, expresaron algunos de los manifestantes. “Queremos tener una reunión”, insistieron.
La protesta continuó con aplausos y carteles vinculados al financiamiento universitario.
Además de exigir la aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes reclamaron un incremento de las Becas Progresar y la implementación efectiva del boleto educativo.
La movilización también incluyó pedidos de políticas integrales de salud mental y de un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a las residencias y los comedores universitarios.
La movilización se produjo un día después de que la Justicia Federal declarara inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había frenado la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.
El martes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dejó sin efecto el tramo del decreto 759/2025 que impedía ejecutar la norma, aprobada y ratificada por el Congreso después del veto presidencial del año pasado.
La administración de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero no había avanzado con su aplicación. El Gobierno había argumentado que el Congreso había establecido actualizaciones salariales y presupuestarias sin precisar las partidas de las que surgirían los recursos y que, por ese motivo, la norma incumplía la Ley de Administración Financiera.
El juez Martín Cormick consideró que el mecanismo utilizado por el Gobierno constituyó un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto que no está contemplada en la Constitución Nacional.
El fallo ordenó al Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la ley y garantizar los fondos destinados a los salarios docentes, los gastos de funcionamiento y las becas.
