Uno de los interrogantes centrales es si ambos contaban con capacidad económica para afrontar una operación de esa magnitud. La compra fue declarada por 1.800.000 dólares, aunque una tasación oficial estimó que el valor de la propiedad rondaba los 17 millones de dólares, sin incluir los vehículos encontrados en el predio.
La investigación también analiza los posibles vínculos entre la sociedad propietaria y la AFA. Entre la documentación reunida aparecen pagos de la entidad a Real Central SRL por más de $300 millones. Uno de los comprobantes corresponde a una orden de pago de junio de 2025 por $231.110.000, mientras que otros registros suman $70,4 millones.
Tras una decisión de la Corte Suprema, el expediente quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Ramiro González. El máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había dispuesto que continuara en el juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Ahora, la investigación avanzará con nuevas medidas de prueba para determinar quiénes serían los verdaderos propietarios de los bienes y si existió un circuito de lavado de activos vinculado con fondos de la AFA.
Piden el juicio político de Borinsky y Barroetaveña por la causa de la mansión
El conflicto por la mansión de Pilar también llegó al Consejo de la Magistratura. La abogada María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), presentó un pedido de juicio político contra los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, por presunto mal desempeño de sus funciones.
La presentación se produjo después de que la Corte Suprema revocara la decisión de ambos camaristas de enviar el expediente al juzgado federal de Campana y determinara que debía continuar en Comodoro Py, bajo la órbita de Rafecas.
En su denuncia, Talerico cuestionó el cambio de competencia y sostuvo que la resolución de los magistrados favorecía a los investigados. También objetó la actuación de Barroetaveña, quien había presidido el Tribunal de Ética y Disciplina de la AFA hasta diciembre de 2025 y, según el planteo, debió haberse apartado del expediente.
Respecto de Borinsky, la abogada señaló un presunto cambio injustificado de criterio durante el trámite judicial. La presentación busca que el Consejo de la Magistratura analice la conducta de ambos magistrados y determine si corresponde avanzar con un procedimiento de remoción.
El planteo se apoya en el fallo de la Corte Suprema, que cuestionó la decisión de Casación por considerar que había vulnerado las reglas de competencia y la garantía constitucional del juez natural. De todos modos, el pedido de juicio político todavía debe ser evaluado y no implica una destitución ni una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los jueces.
AFA: qué se investiga sobre los contratos internacionales de TourProdEnter
Otro de los ejes de la investigación está relacionado con TourProdEnter LLC, una sociedad vinculada al empresario Javier Faroni, que fue contratada por la AFA para gestionar sus ingresos comerciales en el exterior.
El acuerdo establecía que la firma recibiría una comisión del 30% por esa tarea. La Justicia ordenó un peritaje contable para reconstruir el circuito financiero de la empresa, establecer cuánto dinero generaron esos contratos y determinar si los fondos correspondientes ingresaron efectivamente a las cuentas de la asociación.
Uno de los elementos que también será analizado es una tarjeta de crédito corporativa de la AFA emitida a nombre de Luciano Pantano. Según consta en el expediente, el resumen llegaba a la sede de la entidad en la calle Viamonte y con ese plástico se habrían abonado peajes y gastos de algunos de los vehículos encontrados en un galpón de la propiedad de Pilar.
Las pericias contables permitirán profundizar el análisis sobre la administración de los ingresos comerciales internacionales y determinar si existieron desvíos de fondos.
Tapia y Toviggino: la causa por la retención indebida de aportes de la AFA
Tapia y Toviggino también están involucrados en otra investigación judicial por la presunta retención indebida de aportes previsionales, impuestos y contribuciones a la Seguridad Social.
El expediente analiza obligaciones tributarias que la AFA no habría depositado dentro de los plazos legales durante 2024 y 2025. El monto involucrado ronda los $19.000 millones.
En esta causa, ambos dirigentes fueron procesados por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Sin embargo, la investigación todavía tiene cuestiones pendientes antes de un eventual envío a juicio oral.
Las defensas solicitaron que se considere reparado el perjuicio económico, debido a que la AFA pagó la deuda reclamada. Tanto la fiscalía como la representación de ARCA se opusieron al planteo y sostuvieron que la cancelación de los montos adeudados no necesariamente implica una reparación integral del daño.
La Cámara en lo Penal Económico deberá resolver ese pedido y otros planteos presentados por las defensas. Mientras tanto, también continúa bajo análisis una ampliación de la denuncia por el supuesto uso de facturas apócrifas y proveedores insolventes.