El Congreso de la Nación se encamina a debatir, una vez más, un proyecto de ley de humedales. (Télam)
Con una frecuencia cada vez más alarmante somos testigos de la devastación que provocan los incendios en la zona de las islas del delta del río Paraná. Detrás del humo denso y contaminante que las quemas generan, se esconden los actores sociales que se aprovechan de la desregulación de los suelos para obtener un rédito económico, ya sea en forma de ganado, soja o proyectos inmobiliarios.
Al margen de cualquier caso accidental, es importante dejar en claro que hay una práctica sistemática de usar el fuego como un método de apropiación del territorio. Los números evidencian este fenómeno: durante este año, sólo los incendios ocurridos en la provincia de Corrientes consumieron más de 800.000 hectáreas (algunos especialistas calculan que el número asciende al millón). Esto sin contar los focos de incendios registrados en diversas regiones del país durante los últimos días.
Es por eso que cada día que pasa se vuelve más urgente la sanción de una ley que establezca los presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio nacional.
En los próximos días la Cámara de Diputados comenzará a debatir en un plenario de comisiones distintos proyectos para regular esta situación. Así, las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto deberán consensuar desde el jueves 22 de septiembre una solución a esta problemática, que de una vez por todas obtenga una sanción de la Cámara de Diputados y la de Senadores.
Los humedales son extensiones de terreno donde el agua es el elemento predominante y ocupan unas 600.000 kilómetros cuadrados en la Argentina, el 21,5% del total de su territorio. Están amenazados por los incendios y por los cambios en los usos del suelo, entre otros factores.
De acuerdo al último inventario de humedales, Argentina presenta 23 sitios Ramsar, es decir, aquellos humedales que se consideran de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas.
La administración de estos sitios se encuentra, según corresponda, a cargo de las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Administración de Parques Nacionales, en el caso de las áreas naturales protegidas.
Desde el 2020 hasta hoy, se perdieron más de 1 millón de hectáreas de humedales, arrasados por el fuego y destruidos por un sistema productivo que pone en riesgo estos espacios naturales.
Los humedales se encuentran tanto en zonas urbanas como rurales, y albergan una gran biodiversidad, capturan gases de efecto invernadero, amortiguan inundaciones y proveen alimentos.
Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental, doctorando en Geografía y fundador del fundador de la organización social ecologista Guardianes del Iberá, explicó a A24.com que los humedales "son las grandes fábricas de agua, captan y almacenan carbono, disminuyen el impacto de las inundaciones y las sequías, producen alimentos en diversas formas para nuestras sociedades".
"Es una locura que Argentina hoy no tenga un inventario de humedales y que sean tratados como pasto con agua, es un suicidio colectivo", advirtió Spataro.
Spataro, que desde los comienzos acompaña la lucha socioambiental vinculada a las problemáticas en humedales y milita la sanción de una ley, sostuvo que el Estado puede tomar una batería de acciones para prevenir los incendios; aunque por algún motivo deciden no hacer nada.
"En principio, podría ordenar las actividades económicas para disminuir la presión sobre ambientes estratégicos como son los humedales y podría tomar medidas de prevención y gestión de los incendios. Tampoco hay un diseño de cortafuegos ni un estudio de la dinámica de los focos para tratar de evitar que, temporada a temporada, ocurran estas incidencias. Tampoco hay una investigación seria sobre los actores económicos que están detrás de las quemas", detalló.
A partir de esta semana se abre una nueva posibilidad. Uno de los proyectos que se pondrán en consideración es el que obtuvo un dictamen unificado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2020 y que cuenta con el apoyo de más de 400 organizaciones de la sociedad civil. En su momento se cayó por la falta de voluntad política para avanzar.
Al respecto, Spataro indicó que este "es el único proyecto escrito y consensuado por aquellos que trabajamos en la defensa y gestión sustentable de los humedales".
En su segundo artículo, el texto define a los humedales como "aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos".
Asimismo, establece la incorporación de los humedales en los procesos de ordenamiento ambiental territorial previstos por la Ley General del Ambiente N° 25.675.
También define la creación del Programa Nacional de Conservación de los Humedales, que buscará "promover el desarrollo de estrategias, instrumentos y medidas para la preservación y uso racional y sostenible de los humedales", entre otras.
El proyecto además propone la generación del "Inventario Nacional de Humedales" y del "Fondo Nacional de Humedales (FNH)", así como fija sanciones y un régimen que penará "con prisión de 2 a 6 años" a quien "de un modo peligroso para la salud humana o la naturaleza, envenenare, adulterare, incendiare, emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmosfera o el agua, destruyendo o de cualquier modo dañando significativamente, en todo o en parte, humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos".
"Queremos una negociación transparente y que quede claro quiénes se oponen y por qué; que salgan a la luz los intereses económicos que se oponen al bien común", expresó Spataro a A24.com.
"Esperamos que las modificaciones sean menores y no sustanciales, no queremos una ley vacía", advirtió.
Para el especialista, a diferencia de otros años esta vez hay "condiciones objetivas para que se apruebe en Diputados y en el Senado". "La necesidad de una ley de humedales ha trasvasado a distintos ámbitos, se ha generado una valorización social y una búsqueda social de que los humedales sean protegidos", agregó.