La sublevación de los efectivos policiales trajo las primeras consecuencias judiciales. Ya hay al menos 10 denuncias que comenzaron a ser investigadas por diferentes fiscalías de la provincia de Buenos Aires. Como en todo expediente que se inicia, la calificación delictiva aún no está establecida.
“Averiguación de ilícitos”, reza la portada de varias de las causas consultadas por A24.com e iniciadas en el territorio caliente de La Bonaerense. Muchas de esas investigaciones podrían derivar en delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, (artículo 248 del código penal), malversación de caudales públicos (artículo 260) o abandono injustificado de servicios (artículo 252).
En la mayoría de los casos, fueron los propios comisarios a cargo de distintas dependencias quienes denunciaron a sus subalternos por una rebelión desaforada que los llevó a secuestrar más de 200 patrulleros durante los tres días que duró el conflicto.
Entre las principales pruebas que se presentaron aparecen los mapas de la geolocalización de cada móvil policial. Todos estaban fuera de la cuadrilla correspondiente. Las denuncias recayeron en las fiscalías de Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín, Campana, Morón y Esteban Echeverría.
Si bien hay movimientos en el ámbito judicial, internamente todavía no se iniciaron sumarios administrativos que apunten a ningún efectivo policial en actividad.
Las fuentes del ministerio de Seguridad consultadas para esta crónica coincidieron en que una manera de no escalar el conflicto “sería apuntarle solamente a esos cabecillas que oficiaron de voceros en cada una de las protestas focalizadas”. De lo contrario, debieran sumariar a más de 1500 uniformados, cifra que surge del cálculo oficial establecido por las autoridades.
De esta estrategia política se desprenden los nombres de varios agentes exonerados, efectivos retirados, abogados que buscaron protagonismo y hasta una extraña mentalista.
Uno de los principales apuntados es el capitán Mariano Díaz, apartado de la Policía Bonaerense en el año 2014 por haber intervenido en un motín del Grupo Halcón.
Díaz se mostró vehemente y altanero frente a las luces de la televisión portando una chaqueta camuflada que heredó de sus tiempos de arduo entrenamiento policial. En la fuerza lo recuerdan como uno de los mejores comandos especiales por su extrema dureza a la hora de entrenar. “Era capaz de soportar cualquier tipo de presión física y psicológica”, revelaron viejos compañeros.
Esa vestimenta de combate que le dio notoriedad ante los móviles televisivos fue la misma que utilizó en la anterior sublebación. En aquella revuelta, hasta se vieron francotiradores apostados en los techos de las dependencias policiales a donde los funcionarios políticos debían ir a negociar por las mejores condiciones laborales. Todo terminó en paz, pero Díaz pidió su “retiro activo voluntario” (N* R.041/15) el 1º de febrero de 2016.
Pocos meses después ya mostraba sus preferencias políticas fotografiándose con María Elena Torresi, diputada oriunda de Lomas de Zamora por Juntos por el Cambio. Incluso exhibía con orgullo un retrato con el ex ministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, un hombre cercano a María Eugenia Vidal.
Junto a Díaz, se vio a otro ex policía llamado Ricardo Galeano. Después de cada arenga desde la cubierta de alguna camioneta policial, el ex uniformado se apuraba a bajar para repartir las tarjetas de su estudio jurídico.
Otro de los apuntados es el capitán Sandro Adrián Amaya (legajo 130.961), apartado de la fuerza el 21 de mayo de 2019 por “haber realizado manifestaciones impropias e indebidas hacia la propia fuerza policial mediante el sistema de radio masivo”.
Previamente, Amaya había sido imputado en una causa de drogas que en su momento instruyó el juez federal Alberto Suárez Araujo. Su protagonismo se hizo sentir entre aquellos policía que rodearon la Quinta de Olivos.
También las miradas se posaron sobre la figura de Luis Tonil, un policía retirado quien siempre se presentó como el titular de la “Defensoría Policial”.
Aunque uno de los casos más extraño fue el de una mujer llamada María Vanesa Guardo quien apareció en la zona de Puente 12 para contarles a sus compañeros que “podía oficiar de contención psicológica”. Esta teniente en actividad que se desempeña en la comisaría segunda de La Matanza Este se recibió como psicóloga en la Universidad de Morón en el año 2018.
Ni bien llegó a la protesta, la teniente manifestó ser “hacedora de registros arkasicos”, una especie de “sanación Guaraní”, según sus propias palabras descriptas por algunos de los policías. Incluso, reveló ante la sorpresa de muchos poseer “ciertos poderes de mentalista” que podían ser fundamentales para destrabar el conflicto. A las pocas horas de esa escena bizarra, el gobernador Axel Kicillof anunciaba el aumento salarial.
Los cabecillas que oficiaron de voceros en los distintos focos de conflicto quedaron en la mira de la justicia. En las próximas horas se terminará de saber hasta dónde están dispuestos a llegar los fiscales que instruyen en cada uno de estos expedientes.
