Sin presupuesto y con salarios casi congelados, denuncian que está en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país
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Sin presupuesto y con salarios casi congelados, denuncian que está en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país

Qué pasó. En las últimas semanas se abrió otro frente de conflicto para el Gobierno: el de las universidades públicas. Con el aumento salarial y presupuestario al tope de los reclamos, tras el receso invernal, la mayoría de las 57 universidades nacionales y los 87 colegios que dependen de ellas comenzaron un paro de tres semanas que postergó el inicio del segundo cuatrimestre.

Desde el Gobierno cuestionan que hay “una campaña montada” para instalar que las universidades corren peligro y tildan al reclamo de “político”.

Además de la huelga, durante estas tres semanas hubo abrazos simbólicos a las distintas facultades, clases públicas, actos y manifestaciones. Pero eso no es todo: el próximo jueves a la tarde habrá una marcha nacional desde el Congreso al Ministerio de Educación, que esperan que sea masiva.

Cuál es el reclamo salarial. La paritaria docente, que afecta a 180 mil trabajadores, venció en marzo. Desde esa fecha a esta parte, la oferta del Gobierno fue casi siempre la misma: 15 % de aumento en cuotas. En el último encuentro, que se produjo hace dos semanas, la propuesta fue de un incremento del 10,8% en el período de marzo hasta agosto y volver a negociar en octubre. Esto fue rechazado por todos los gremios que están en la mesa de discusión: Conadu, Conadu Histórica, UDA, Fedun, Ctera, UDA y Fagdut.

La discusión seguirá mañana lunes, cuando los representantes gremiales se vuelvan a sentar con los funcionarios nacionales. La posibilidad de un acuerdo parece lejana porque los docentes reclaman un incremento del 30% más una cláusula gatillo de ajuste automático por la inflación.

“Nos han ofrecido la burla de 10,8% de aumento a agosto. Estamos frente a una situación en la que el Gobierno está ensañado en rebajarle el salario a los trabajadores”, expresó el presidente la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Julián Asiner, en diálogo con A24.COM. Aunque desde el Gobierno niegan la pérdida de poder adquisitivo y aseguran que el porcentaje ofrecido iguala a la inflación del tramo en discusión, los datos del Indec muestran que la inflación acumulada de marzo a julio es del 14,7%, casi 4 puntos por debajo de la oferta salarial.

Qué pasa con el presupuesto. En este punto existen distintos reclamos: el de las partidas asignadas, el del retraso en la trasferencia de pagos para los gastos corrientes y el de infraestructura. En cuanto al presupuesto, desde el Ministerio de Educación aseguran que desde diciembre de 2015 a esta parte se duplicaron las partidas. Precisan que pasaron de 51 mil millones de pesos a 103 mil millones. Esto marca un incremento del 104% frente a una inflación que estiman en 95%.

Desde los gremios, aseguran que la pérdida presupuestaria desde que Cambiemos llegó al poder fue de casi el 30% y además advierten sobre la fuerte incidencia que tuvo la última devaluación en las partidas de este año. Pero eso no es todo: las universidades están en alerta porque el 14 de septiembre el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2019 y temen ser parte del esquema de recortes para alcanzar la meta de déficit fiscal acordada con el Fondos Monetario Internacional.

“Veinte universidades declararon la emergencia presupuestaria. Los fondos asignados no les alcanzan para seguir funcionando hasta fin de año”, alertó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la UBA (FEDUBA), Federico Montero, en diálogo con este medio.

Otro de los reclamos es que Nación tuvo distintos retrasos en la trasferencia del 12% del presupuesto destinado para gastos corrientes. Desde las casas de estudio aseguran que esto pone en riesgo el funcionamiento de las facultades.

En cuanto a infraestructura, hace más de dos meses, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió con representantes del Gobierno y recibió el compromiso de continuar con las obras que ya comenzaron. Sin embargo, FEDUBA aseguró que “las obras están totalmente paralizadas”. Para ilustrar esta situación, Asiner recordó que “el Gobierno prometió un nuevo Hospital de Clínicas y eso está parado”. También alertó sobre la situación de las facultades que no tienen gas, como es el caso de Ciudad Universitaria, que se encuentra jaqueada por un corte que ya lleva 140 días.

Desde el Ejecutivo insisten en que la reforma universitaria consagró la autonomía y autarquía de las casas de estudio, por lo que parte de estas obras y de los problemas salariales tienen que ver con la administración de las facultades y no con una decisión gubernamental.

Qué pasa con el Conicet. Hace pocos días, 240 de los 266 directores de este instituto de investigación firmaron una carta que entregaron a la Cámara de Diputados, en la que denunciaron que el Conicet “está al borde de la parálisis”.

“A esta altura del año 2018 los institutos han recibidos, a cuentagotas, cuotas presupuestarias que contienen una reducción nominal significativa respecto a los montos recibidos en 2017. Con estos presupuestos, que no alcanzan para pagar servicios públicos, garantizar la limpieza y seguridad de las instalaciones ni para realizar reparaciones y mantenimiento básico de equipos científicos, los institutos no pueden subsistir”

La carta de científicos del Conicet a Diputados

Tras el impacto que generó la misiva en el mundo académico y científico, el Gobierno anunció el pago de 500 millones de pesos para "garantizar el funcionamiento" de los centros de investigación.

Al reclamo presupuestario también se suma el salarial. Los becarios doctorales y postdoctorales –que conforman el 40% de la masa de trabajadores del Instituto- cobran menos de 24 mil pesos. Desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas advirtieron que estos salarios están por debajo de los percibidos en la región, por lo que esto también atenta contra la continuidad de las investigaciones.

Lucila D'Urso, becaria postdoctoral del Conicet y miembro de Jóvenes Científicos Precarizados, contó que ese 40% de los trabajadores tampoco cuenta con beneficios como licencias por maternidad y paternidad, vacaciones y aguinaldo.

Este año, los becarios también tuvieron problemas para cobrar el 15% de aumento que acordó el gremio que los nuclea, que es UPCN. Recién pudieron percibir la primera cuota hace un mes y medio, tras la toma pacifica del edificio ubicado en Godoy Cruz 2320.

Docentes y estudiantes denuncian “un desmantelamiento de todas las lógicas de producción de conocimiento” que se refleja en “la crisis que viven las universidades, el Conicet, el INTI, y el INTA”.

Para el Gobierno, en cambio, no hay crisis: fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien hace unos días les dijo a los periodistas acreditados en la Casa Rosada que se está “tratando de instalar un discurso político para plantear el no compromiso del Gobierno con las universidades y la ciencia”.