El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el concejal electo Sebastián Rovira y la ONG Compromiso Tigre.
Un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro dispuso suspender la aprobación de nuevos proyectos inmobiliarios en altura hasta que el Municipio actualice su normativa de desarrollo urbano. La medida llega en medio de las advertencias del concejal electo Sebastián Rovira sobre el deterioro de los servicios públicos y la falta de criterios de planificación.
La resolución se dictó en el marco del amparo ambiental impulsado por la asociación Compromiso Urbano y establece que no podrán emitirse nuevas viabilidades urbanísticas ni permisos de obra para construcciones que superen los 9 metros —o dos pisos— hasta que se apruebe un nuevo reglamento de alturas y perfiles urbanos, o por un plazo máximo de seis meses. La restricción no afecta a los proyectos que ya cuentan con autorización ni a los que están en marcha.
El magistrado remarcó que el Código de Zonificación actual, vigente desde hace casi treinta años, quedó desfasado frente a las necesidades contemporáneas del distrito y requiere una reforma profunda. También mencionó que el propio gobierno local había elaborado un borrador para actualizar la normativa y lo había remitido al Concejo Deliberante, elemento que reforzó la urgencia de revisar las reglas.
La decisión judicial se alinea con el debate político que impulsó Rovira, referente de Fuerza Patria, durante los últimos meses. El dirigente expuso expedientes, cuestionó maniobras administrativas y convocó a vecinos y especialistas para discutir el avance de los edificios en altura y la inexistencia de una estrategia urbana de largo plazo. Su participación ayudó a amplificar un reclamo vecinal que venía creciendo en distintos barrios del partido.
En la presentación de Compromiso Urbano se advertía que el Municipio estaba próximo a habilitar más de un centenar de nuevos desarrollos sin estudios actualizados sobre su impacto urbano, social y ambiental. Frente a ese escenario, vecinos y expertos alertaron sobre el incremento del tránsito, la sobrecarga de las redes de servicios y el riesgo de que se diluya la identidad barrial.
Tras conocerse el fallo, Rovira señaló: “En Tigre no rechazamos el crecimiento. Queremos una ciudad que avance, genere trabajo y eleve la calidad de vida. Pero si ese avance implica que los servicios se saturen, que la circulación se vuelva imposible o que los jóvenes no puedan alquilar, entonces no hablamos de desarrollo: hablamos de un negocio para pocos”.
Y agregó: “Esta decisión judicial es un primer paso relevante. Ahora necesitamos un Código Urbano nuevo, con reglas claras, participación ciudadana y planificación real para el futuro de Tigre”.
La resolución funciona como un freno institucional al ritmo de aprobaciones que venía impulsando la administración local y abre una etapa distinta en el Concejo Deliberante, donde ya comenzó a discutirse una normativa urbana actualizada que defina cómo debe crecer la ciudad.
