En rechazo por el decreto que limita el derecho a huelga, la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) se declaró en estado de alerta y adelantó que en junio podrían lanzar “paros sorpresivos”. Los sindicatos informaron la decisión en una conferencia de prensa.
Protestas
Transporte: los gremios se declararon en estado de alerta y anticiparon medidas de fuerza "sorpresivas"
Lo anunciaron en conferencia de prensa los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte y las protestas serán a partir de junio.
La CATT se declaró en estado de alerta y adelantó medidas de fuerza para junio (Foto: Captura)
“Quieren silenciar a los trabajadores, atentando una vez más contra el derecho a huelga, desregulado el sector aéreo, la marina mercante y atentando contra la soberanía nacional”, expresó el secretario general de prensa de la CATT y titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey,
Además, Brey comunicó que la decisión de los diversos gremios del transporte nucleados en la CGT buscará “poner un freno” a las medidas del Gobierno. El dirigente aseguró que durante junio los medios de transporte podrían verse afectados por “paros sorpresivos y asambleas”.
Las medidas anunciadas por la CATT fueron definidas en un plenario de secretarios generales en la sede de la central obrera. La Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte está integrada por algunos de los principales sindicatos del sector del transporte, como Camioneros, Unión Ferroviaria y los Aeronáuticos, entre otros.
Por su parte, la CGT presentó este lunes ante la Justicia que se declare la invalidez constitucional del decreto 340 que limita el derecho.. Sostienen que imposibilita el ejercicio de las medidas de fuerza y pidieron un amparo judicial que busca frenar el decreto del Gobierno.
El decreto impone niveles mínimos de prestación
Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el decreto 340 reglamenta "de manera restrictiva el derecho a huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales"”.
También plantearon que el decreto impone niveles mínimos de prestación (del 75% al 50%) que, en los hechos, “imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza”.
Los líderes de la central obrera sostuvieron que el decreto viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.
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