Flavia Ochoa asegura que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré después de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Reclama una millonaria indemnización y cuestiona la ley que reguló la compra de vacunas durante la pandemia.
Flavia Ochoa, una vecina de Coronel Moldes, Córdoba, inició una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que sufrió un síndrome de Guillain-Barré luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19 en enero de 2022. En la presentación judicial reclama una indemnización por las secuelas que, según afirma, aún afectan su vida cotidiana.
De acuerdo con la demanda, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la mujer solicita una reparación por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo.
Además, cuestiona distintos artículos de la Ley 27.573, que reguló la adquisición de vacunas durante la pandemia y creó un fondo de reparación para quienes acrediten daños derivados de la inmunización.
Según consta en el expediente, Ochoa recibió la tercera dosis de AstraZeneca el 4 de enero de 2022 en un vacunatorio de Coronel Moldes. Horas más tarde comenzó a sentir fuertes dolores musculares y calambres, y al día siguiente, asegura, perdió progresivamente la movilidad.
"Cuando me quise levantar para ir a trabajar no pude. Me caí al costado de la cama. Primero no podía mover los brazos y después tampoco las piernas", recordó en diálogo con Noticias Argentinas.
Tras varias consultas médicas, fue derivada a un sanatorio de Río Cuarto, donde le realizaron distintos estudios, entre ellos una punción lumbar, resonancias y análisis complementarios.
La documentación incorporada a la causa indica que finalmente fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. A partir de entonces recibió tratamiento con gammaglobulina, dexametasona y comenzó un extenso proceso de rehabilitación.
Los informes médicos agregados al expediente señalan que inicialmente necesitó una silla de ruedas y luego dispositivos de asistencia para volver a caminar. También se incorporaron certificados de discapacidad, indicaciones de rehabilitación y prescripciones médicas.
"Hoy sigo haciendo rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo me dijo que esa será la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos, uso collarín y me canso constantemente. Mi vida tuvo un antes y un después", sostuvo.
El expediente reúne una importante cantidad de documentación médica y administrativa para respaldar el reclamo.
Entre las pruebas figuran la historia clínica, certificados neurológicos, estudios complementarios, la denuncia por un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), reportes enviados a la ANMAT, el Certificado Único de Discapacidad, recibos laborales y el dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Ese organismo determinó una incapacidad laboral del 75,60%, porcentaje que constituye uno de los principales fundamentos del pedido de indemnización.
La demanda sostiene que existe una relación causal entre la vacunación y el cuadro neurológico desarrollado por la mujer. Esa hipótesis forma parte del proceso judicial y deberá ser analizada por la Justicia en función de las pruebas que se produzcan durante la causa.
Antes de acudir a la Justicia, Ochoa inició el procedimiento administrativo previsto por la Ley 27.573 para quienes alegan haber sufrido efectos adversos vinculados a las vacunas contra el Covid-19.
Según la presentación judicial, ese pedido fue rechazado luego de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyera que no había elementos suficientes para establecer un nexo causal entre la vacuna y el cuadro denunciado.
"No obtuvimos una respuesta favorable y por eso decidimos iniciar el juicio. La causa avanza muy lentamente", aseguró la mujer.
Además de reclamar una indemnización, la acción judicial también plantea la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.573 y, de manera subsidiaria, solicita acceder al fondo de reparación previsto por esa normativa para personas que acrediten haber sufrido daños derivados de la vacunación.
Mientras tanto, el expediente continúa su trámite en la Justicia Federal, donde todavía resta producir pruebas y resolver el planteo de fondo sobre la existencia —o no— de un vínculo causal entre la vacuna y la enfermedad denunciada.
