La Federación de Acopiadores informó hoy que envió cinco cartas documento a autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación, de Bioceres e Indear responsabilizándolos por “las graves consecuencias que tendría para el país la liberación del trigo genéticamente modificado (OGM)”. Además, sostuvo que “en virtud de la perentoriedad de los plazos, analiza iniciar acciones judiciales”.
A un mes de la Resolución N 41/20 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura de la Nación que aprobó en forma condicional el trigo transgénico en el país, los acopiadores intimaron a los funcionarios Marcelo Alos (secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional), Javier Preciado Patiño (subsecretario de Mercados Agropecuarios) y Joaquín Manuel Serrano (presidente del Instituto Nacional de Semillas), todos pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a Bioceres Semillas y al Instituto Biotecnológico de Rosario (INDEAR).
A Alos, lo responsabiliza por todos los perjuicios que esta decisión provocaría sobre el mercado nacional e internacional de trigo convencional, productos y subproductos derivados. Además, alertan nuevamente -como comercializadores de trigos convencionales- que se producirá una contaminación nociva que incidirá perjudicialmente los intereses económicos y generales del país. A su vez, mencionan que es “desproporcionada” la superficie sembrada con este evento, que alcanza las 6.200 hectáreas. “Estamos ante la inminente cosecha de esa producción y la contaminación sería fatal”, advierten en la carta documento desde la Federación de Acopiadores.
“Se ha liberado sin fundamentos técnicos adecuados y eficaces un evento que va en contra de lo requerido por los consumidores internos y externos de trigo y harinas, que exigen productos libres de transgénicos. Así lo demuestra la desaprobación clara de los principales compradores nucleados en Abitrigo de Brasil, quienes informaron que no solo no comprarán esa producción transgénica sino que tampoco adquirirán más trigo argentino”, sostienen en las misivas enviadas.
Los acopiadores intimaron a que “en forma inmediata y sin más trámite” revoque y deje sin efecto la liberación, teniendo en claro que podrá ser denunciado tanto de forma civil como penal -según corresponda- por hacer caso omiso a los detalles de la Resolución 763/11. Dicha Resolución dice que “INDEAR debe abstenerse de producir y comercializar” ese evento. Aunque en la realidad, “este Instituto motorizó un convenio con Aapresid que implica una comercialización llana del producto a pesar de no estar aprobado”, agregó.
Al presidente del INASE, le solicitaron que exponga los fundamentos técnicos y científicos que han sido evaluados para autorizar esa superficie sembrada con el evento OGM, también las inspecciones para verificar las condiciones de bioseguridad en cada lote sembrado, el aislamiento, confinamiento, segregación y logística para evitar la contaminación con semillas de trigos convencionales, junto con el detalle de qué medidas y controles implementó para evitar la potencial deriva génica con trigo no GM y daños contaminantes en el mercado interno y externo de trigo. “Es importante que describa cómo actuará el Estado para destruir el total de esas 6.200 hectáreas producidas con estas semillas, de forma de asegurar que no ingresen en el circuito comercial como exigió Abitrigo”, indican.
Por su parte, a Preciado Patiño se le solicitó ponga a disposición el detalle de los análisis técnicos y comerciales nacionales e internacionales que fundaron la aprobación condicional del trigo, que exponga quiénes han sido los especialistas del mercado triguero consultados y cuáles fueron sus argumentos para liberar el primer trigo transgénico del mundo.
Por último, y sumado a las demandas judiciales que buscan la marcha atrás en la aprobación que aún depende de Brasil, el acopio envió cartas documento a Bioceres Semillas e INDEAR para reiterar de forma oficial su rechazo y advertir que “se los responsabiliza preventivamente, tanto en sede civil como eventualmente penal, por los daños y perjuicios irreversibles e irreparables que producirán insertando esa variedad de trigo genéticamente modificado que ya está en poder de los productores, acción con la que violan el deber obligatorio -expresado en el Art. 16 de la Constitución Nacional y los Art. 1.710 y 1716 y Conc. del Código Civil y Comercial de la Nación- de no dañar, ya que actúan a sabiendas del rechazo público de los mercados compradores”.
“Advertimos legalmente, en nuestro carácter de acopios comercializadores, que ante ese posible daño en los mercados, nos veremos obligados a promover acciones en su contra y formular reserva por futuras denuncias ante las conductas impulsoras con este evento”, concluyen desde la Federación de Acopiadores, y advierten que las cartas documento fueron la única alternativa ante la negativa de las autoridades a recibir a los integrantes de la cadena (productores, acopiadores, molineros y exportadores) que buscaban exponer sus argumentos en rechazo a la aprobación del primer trigo transgénico.
