Los acopiadores intimaron a que “en forma inmediata y sin más trámite” revoque y deje sin efecto la liberación, teniendo en claro que podrá ser denunciado tanto de forma civil como penal -según corresponda- por hacer caso omiso a los detalles de la Resolución 763/11. Dicha Resolución dice que “INDEAR debe abstenerse de producir y comercializar” ese evento. Aunque en la realidad, “este Instituto motorizó un convenio con Aapresid que implica una comercialización llana del producto a pesar de no estar aprobado”, agregó.
Al presidente del INASE, le solicitaron que exponga los fundamentos técnicos y científicos que han sido evaluados para autorizar esa superficie sembrada con el evento OGM, también las inspecciones para verificar las condiciones de bioseguridad en cada lote sembrado, el aislamiento, confinamiento, segregación y logística para evitar la contaminación con semillas de trigos convencionales, junto con el detalle de qué medidas y controles implementó para evitar la potencial deriva génica con trigo no GM y daños contaminantes en el mercado interno y externo de trigo. “Es importante que describa cómo actuará el Estado para destruir el total de esas 6.200 hectáreas producidas con estas semillas, de forma de asegurar que no ingresen en el circuito comercial como exigió Abitrigo”, indican.
Por su parte, a Preciado Patiño se le solicitó ponga a disposición el detalle de los análisis técnicos y comerciales nacionales e internacionales que fundaron la aprobación condicional del trigo, que exponga quiénes han sido los especialistas del mercado triguero consultados y cuáles fueron sus argumentos para liberar el primer trigo transgénico del mundo.
Por último, y sumado a las demandas judiciales que buscan la marcha atrás en la aprobación que aún depende de Brasil, el acopio envió cartas documento a Bioceres Semillas e INDEAR para reiterar de forma oficial su rechazo y advertir que “se los responsabiliza preventivamente, tanto en sede civil como eventualmente penal, por los daños y perjuicios irreversibles e irreparables que producirán insertando esa variedad de trigo genéticamente modificado que ya está en poder de los productores, acción con la que violan el deber obligatorio -expresado en el Art. 16 de la Constitución Nacional y los Art. 1.710 y 1716 y Conc. del Código Civil y Comercial de la Nación- de no dañar, ya que actúan a sabiendas del rechazo público de los mercados compradores”.
“Advertimos legalmente, en nuestro carácter de acopios comercializadores, que ante ese posible daño en los mercados, nos veremos obligados a promover acciones en su contra y formular reserva por futuras denuncias ante las conductas impulsoras con este evento”, concluyen desde la Federación de Acopiadores, y advierten que las cartas documento fueron la única alternativa ante la negativa de las autoridades a recibir a los integrantes de la cadena (productores, acopiadores, molineros y exportadores) que buscaban exponer sus argumentos en rechazo a la aprobación del primer trigo transgénico.