Por Tulio E. Núñez (*)
Blockchain: la implementación de esta tecnológica abre la posibilidad de diversos usos y utilidades que impactarán en la vida de las personas de manera positiva. (Foto Pixabay)
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Por Tulio E. Núñez (*)
Recientemente, en diciembre de 2022, la Secretaría de Innovación Pública aprobó la creación del Comité Nacional de Blockchain.
Sin dudas, es una interesante oportunidad para que esta tecnología, con un gran potencial para implementar soluciones que impactan en la vida cotidiana de la gente, tenga un impulso estratégico a partir del liderazgo de quienes están encargados de diseñar, planificar y ejecutar las políticas públicas.
La propia resolución reconoce que la Blockchain se ha “erigido como una de las mayores innovaciones en el campo de las tecnologías de la información, brindando la posibilidad efectiva de optimizar los procesos del sector público y la trazabilidad, transparencia y eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía al registrar las transacciones con mayores niveles de seguridad”.
Este reconocimiento no es menor, ya que evidencia que tanto los gobiernos como otras organizaciones del sector público y privado tienen cada vez más claridad sobre el impacto que puede generar la implementación de planes y políticas públicas apalancadas en la innovación para garantizar, con ello, mayores niveles de transparencia en la gestión.
Es cierto, el camino del Comité Nacional de Blockchain apenas comienza.
No obstante, en nuestra región hay diferentes casos de aplicación que pueden servir como referencia para comenzar a hacer realidad el interés que procure lograr la adopción e implementación de la Blockchain en el sector público.
Por ejemplo, cabe destacar algunos de los ámbitos en los cuales esta tecnología puede generar un impacto muy positivo, como los procesos de contratación pública, en la gestión financiera y presupuestaria de las entidades, en el registro de propiedades y patentes, en la contraloría ciudadana e, inclusive, en el cumplimiento normativo.
Sin duda, como se mencionó al inicio, la oportunidad está dada, pero no es lo único que falta.
También será necesario compaginar esta iniciativa de la Secretaría de Innovación Pública con una regulación que se ajuste a la dinámica social y al avance propio de la tecnología.
De hecho, cualquier acción que se genere en ese sentido, deberá tener un carácter amplio y general que garantice la correcta y estratégica aplicabilidad de la norma, para servir como fomento en la creación de nuevas oportunidades de implementación tecnológica que, finalmente, impactará en la vida de las personas de manera positiva.
(*) El autor es General counsel de Koibanx.
