La presión de los impuestos municipales sobre la actividad bancaria se convirtió en un obstáculo que encarece el acceso al crédito tanto para familias como para empresas, afectando el crecimiento económico y el bienestar general.
Según un informe de una consultora, las tasas municipales son el nuevo enemigo del crédito para pymes y familias.
La presión de los impuestos municipales sobre la actividad bancaria se convirtió en un obstáculo que encarece el acceso al crédito tanto para familias como para empresas, afectando el crecimiento económico y el bienestar general.
Un informe reciente del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), dependiente de la Fundación Mediterránea, analizó datos de distintas entidades financieras y reveló la fuerte distorsión que generan las tasas locales aplicadas a la intermediación financiera.
El estudio examinó 51 municipios de 10 provincias y determinó que la alícuota efectiva promedio de estas tasas asciende al 5,9% de los ingresos brutos bancarios. En algunas ciudades, el porcentaje supera el 7%, lo que —según el informe— excede los límites legales de una tasa y termina funcionando como un impuesto encubierto.
Esta presión fiscal, de acuerdo con el IERAL, puede elevar más de 7 puntos porcentuales el costo del crédito productivo y hasta un 50% en los préstamos personales, si se suma el impacto del IVA. En la práctica, los impuestos locales se trasladan al costo de financiamiento que deben afrontar las empresas y los particulares, afectando la rentabilidad y la inversión.
El presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, alertó sobre las consecuencias de esta situación:
“El crédito es imprescindible para el desarrollo, tanto de las empresas como de las familias. El orden macroeconómico es una oportunidad para que se expanda, pero si no se resuelve el problema impositivo, y especialmente los impuestos locales, ese desarrollo no será posible”.
Giordano remarcó que la carga tributaria “conspira contra la expansión del crédito”, un instrumento clave para el crecimiento del país.
El informe también señaló que existen más de 2.000 municipios con regulaciones propias, muchas de ellas sin sustento legal ni relación con los servicios prestados. Esta dispersión normativa genera una carga elevada, arbitraria y desigual, lo que aumenta la inseguridad jurídica para los bancos.
Además, la presión fiscal sobre el sector financiero resulta, en muchos casos, muy superior a la de otras actividades económicas, lo que limita su capacidad para ofrecer créditos competitivos. También crea una brecha entre los bancos con sucursales físicas —que deben afrontar estas tasas— y las entidades digitales, que pueden eludirlas.
Frente a este panorama, el IERAL consideró “urgente y necesario” revisar el esquema de tasas municipales. Avanzar hacia un sistema más simple, homogéneo y ajustado a la ley permitiría mejorar la competitividad del sistema financiero, ampliar el acceso al crédito, fomentar la inversión y contribuir al desarrollo económico del país.
