Cada vez más cerca de la aprobación de la Ley de Alquileres, el proyecto está confirmado para que el próximo miércoles 20 de noviembre sea tratado en la sesión de la Cámara de Diputados. Desde el sector inmobiliario, inquilinos y los legisladores de la comisión esperan que salga y se aplique a partir del 2020.
Los principales cambios que propone el proyecto es que se modifiquen en el Código Civil es la extensión del contrato a tres años, una actualización anual basada en el promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.
Alejandro Berrazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, explicó que “el proyecto cuenta con un gran consenso de sus partes intervinientes, inquilinos, propietarios, legisladores y la Cámara que nuclea a los corredores inmobiliarios. Se logró un gran trabajo de interpretación de las partes, donde para nosotros lo principal es que se entienda y se transmita la importancia de la intervención de un corredor entre la operación de locador y locatario”.
Agregó, “bajo este proyecto, el intermediador va a ser solamente un profesional debidamente registrado. Además que medie entre los acuerdos que se logren entre las partes, sobre todo, en lo que respecta al pago de los honorarios por parte del locador o del locatario”.
Desde el sector inmobiliario resaltaron que la situación de los alquileres en CABA sufrió una caída masiva en el sector de propiedades. De hecho, en 2018 hubo una reducción de más del 30% de la oferta de alquileres para viviendas familiares, incluso, en muchos casos optaron por volcarse hacia los temporarios y a otros destinos. “Esto provocó que se encarezca el valor del alquiler. En CABA se encuentran en un 36% con precios promedios más caros, en GBA entre 22 y 26% y en un 18% en el interior del país”, explicó el referente.
En tanto, sobre la actualización por la devaluación del peso, el referente señaló que no le afectó al costo del alquiler. “No sobrepasó el 30% de la proyección anual. En este sentido, el mercado es soberano. Lo que la inflación sí provocó es un baja en la rentabilidad que no superó el 2% anual de renta y si le descontamos los costos de mantenimiento y la carga impositiva para el propietario le deja en promedio un 1,5% anual.
Nuestra expectativa para el 20 de noviembre es que el proyecto de Ley se apruebe. “Si no se trata en el recinto se vuelve a foja cero. En 2020, esperamos que se acomoden los precios y haya mayor participación del Estado con reglas claras y así mejore el soporte a la inversión en ladrillos”, concluye Berrazar.
