AFIP confirmó la prórroga para los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y Cedular.
El mega proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Económica que presentó el Gobierno contempla varios puntos que comenzaron a generar polémica. Uno de ellos es la suba de alícuotas a los bienes personales. Las críticas giraron tanto por la confiscatoriedad como por la igualdad ante la ley, en virtud de que se tributaría distinto en función de poseer bienes en el exterior o repatriarlos.
Lo incluido en este escrito, que se debatirá el jueves en el Diputados, podría afectar dos principios constitucionales. Para algunos especialistas, estas medidas están más relacionadas a "la política que con la recaudación fiscal".
En concreto: esta iniciativa impulsada por el Gobierno establece que las alícuotas volverán a los niveles de 2015, con una mayor presión tributaria para los bienes que se encuentren en el exterior. En tanto, más allá de establecer un incremento de los montos que deberán pagar los contribuyentes, no existe una variación en el mínimo no imponible, lo que representa una mayor cantidad de afectados por esta medida.
De esta manera, las alícuotas pasarán del 0,25%, 0,5% y 0,75% al 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25%, respectivamente mientras se imponen "diferenciales superiores hasta en un 100% sobre la tasa máxima expuesta para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de su realización", asegura el documento.
Es decir, se duplican la alícuotas para aquellos que tengan bienes en el exterior y se reducen si esos bienes ingresan al país.
"La ley va a ser legal porque lo va a dictar el Congreso, pero puede que no pase el test de constitucionalidad, ya que no pasaría la evaluación de confiscatoriedad y el principio de igualdad de la ley", resaltó en diálogo con A24.com César Litvin, CEO en Lisicki, Litvin & Asociados. El experto alertó que podría desencadenarse una "catarata de juicios" y calificó a esta medida como "improvisada".
"Cuando se hacen las normas de manera improvisada y con la baja recaudación que va a tener este impuesto, va a tener más inconvenientes que recaudación. Fue todo muy rápido y las leyes tributarias merecen ser debatidas y analizadas; ver qué efectos producen", agregó.
Según el especialista, la fractura en el principio de igualdad surge cuando existe una desigualdad entre dos contribuyentes con la misma capacidad tributaria que son diferenciados en sus impuestos por el lugar en dónde se encuentran sus bienes. En tanto el de confiscatoriedad puede aparecer en la medida en que el impuesto abarque toda la renta o la supere, o termine afectando el capital.
"Depende de cada patrimonio y renta producido", advirtió Litvin. Y añadió: "El 2,5% de un impuesto de estas características, más ganancias sobre las ganancias, puede generar una confiscación. Hoy muchas carteras no rinden ni el 1%. Por eso, en este contexto de poco rendimiento financiero, puede tomarse este punto porque cada contribuyente que ve como sus derechos son afectados".
Por su parte, Ezequiel Passarelli, Director de Impuestos en SCI GROUP, también hizo hincapié en estos puntos y aseguró que "lo que se establece es un castigo por tener los bienes en el exterior y un premio por repatriarlos".
Y agregó: "Bienes personales es un impuesto que prácticamente e históricamente no recauda nada. Con esto, están tratando de que traigan los bienes al país más que recaudar, ya que podrán recaudar, como mucho, hasta el 1% del PBI. No es un gran número, obviamente en esta situación todo ayuda, pero eso no cambia el número del déficit fiscal".
