Un médico mendocino firmó 34 pericias mientras estaba internado en terapia intensiva. El 79% de los casos beneficiaban a un mismo estudio jurídico. El costo total estimado para las aseguradoras supera los $119 millones.
El Sistema de Riesgos del Trabajo registró en el primer cuatrimestre del año 38.406 nuevos juicios y se encamina a superar los 132.100 juicios que alcanzó en 2025. Alertan por el "fuerte impacto" que generan esas cifras sobre la competitividad del sector privado.
Uno de los aspectos que señalan es el accionar de los peritos, que en la actualidad cobran un porcentaje de las sentencias, cuando la ley dice que deben tener una remuneración fija para desincentivar los juicios truchos. Esto nunca se terminó de implementar en muchas provincias del país, cuyos juzgados laborales no tienen un cuerpo de peritos propios.
Un caso testigo de esa situación se registró en la provincia de Mendoza, donde se presentaron al menos 34 pericias médicas entre enero y junio de 2023 firmadas por un perito que se encontraba, en ese tiempo, en terapia intensiva.
El perito Yuma Félix había tenido un accidente grave el 22 de enero de 2023 que provocó su internación en terapia intensiva. El accidente salió publicado en medios locales que se hicieron eco de la noticia por la gravedad del accidente.
En el tiempo en el que el hombre estuvo internado, se presentaron al menos 34 pericias médicas con su firma. Luego se comprobó que su firma y su sello estaban copiados de forma rudimentaria.
Según consta, los peritos médicos son propuestos en el 97% de los casos por los abogados que demandaban a la aseguradora. Hay jurisdicciones donde esto es posible aunque atente contra la independencia del perito prevista por la ley.
Además, se pudo comprobar que de las 34 pericias firmadas por Yuma Félix, 27 pertenecían a expedientes vinculados al mismo estudio de abogados. Lo que equivale al 79% de las pericias firmadas por el perito en terapia presentadas por los mismos abogados (la letrada Mazzagatti Maira Lucia y/o sus posibles socios: Herrero María Belen y Moscardo Mauricio).
En solo un caso la ART pudo impugnar al perito mientras que en el resto de los casos siguieron el curso habitual, en diferentes salas. No se tuvieron en cuenta las noticias sobre la internación del perito y eso implicó un costo promedio aproximado de $119.000.000 para el periodo que comprende desde diciembre de 2022 hasta junio de 2023.
Desde julio de 2023 a marzo de 2025 el estudio de abogados Mazzagat-Herrero tiene iniciado 258 juicios que podrían llegar a tener un costo promedio aproximado de $ 2.223.000.000.
A su vez, en muchos casos se detectaron peritos que otorgan porcentaje de discapacidad muy por encima del promedio.
Si tomamos el período que va desde 2021 hasta la fecha, hay un promedio de 20 pericias por perito. Sin embargo, hay un grupo de peritos que supera ampliamente esos promedios
Por ejemplo, el perito Lucas Sebastián Faiad opera en Provincia de Buenos Aires, CABA, Mendoza, Córdoba y Neuquén. Realizó 1024 pericias en ese plazo (50 veces por encima del promedio) y sus pericias arrojaron que las personas analizadas tienen un promedio de discapacidad del 14% cuando en todos los casos habían sido dados de alta tanto por las ART como por las Comisiones Médicas que dependen del Ministerio de Trabajo. Sólo en el 3% de los casos que analizó el perito coincidió con lo que había establecido tanto la ART como la autoridad de control.
Óscar Eduardo Alvarez, que opera en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires realizó en el mismo período unas 744 pericias, pero con un promedio de incapacidad todavía más alto, en este caso del 20,5%.
La Lista se repite en varias provincias con peritos que sorprendentemente encuentran incapacidades en personas que ya tienen el alta y siguen cumpliendo sus funciones.
Por ejemplo, el caso de René Elena Abdelnur que concentra 81 pericias en la Ciudad de Buenos Aires con un promedio de incapacidad del 32,5% pero un caso que supera toda lógica en el que llegó a determinar que un paciente superaba el 100% de incapacidad y determinó que se le pague en un juicio una incapacidad del 107 por ciento aun cuando el reclamo del trabajador fue por un 40% de incapacidad. Ante el absurdo la ART impugnó el fallo y la justicia (en la Cámara) corrigió el fallo y le otorgó 90,88% de incapacidad.
En las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut opera el periodo Federico Lucas Ginnobili que firmó en los últimos cuatro años 87 pericias. Entre ellas, dictaminó que un trabajador afrontaba una incapacidad del 34,2% que lo obligaba a usar un arnés, mientras en las redes sociales se mostraba practicando motocross y triatlón. Además, dictaminó que padecía una incapacidad psíquica del 20% ya que, en su demanda, el trabajador dice que no puede desarrollar su vida normalmente y que esto le ha ocasionado depresión.
