La solución a los problemas de la deuda de provincias y de YPF está lejos. Por lo menos para el primer grupo. Este viernes, los acreedores de la provincia de Buenos Aires emitieron un duro comunicado amenazando con el inicio de las acciones legales contra el gobierno de Axel Kicillof y la aceleración de los bonos. Esto último significa la exigencia de pago no sólo de los cupones vencidos, sino también del total del monto adeudado en cada título de deuda.
El Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Bonistas, compuesto por más de 40 instituciones que poseen aproximadamente el 50% de la deuda externa en bonos de PBA, destacó este viernes en un comunicado que “desde abril de 2020, cuando la Provincia lanzó una oferta de canje unilateral que fue rotundamente rechazada por los bonistas, ha extendido reiteradamente el plazo de aceptación de su inadecuada oferta sin buscar un espacio de dialogo”.
Los acreedores señalaron que la oferta de la Provincia no refleja la capacidad de pago y que, por lo tanto, no contará con el apoyo necesario de los bonistas. Para graficar que el no arreglo es una cuestión sólo de PBA, los acreedores argumentan que cinco provincias argentinas iniciaron y concluyeron negociaciones de reestructuración exitosas con sus respectivos bonistas.
“Esta posición es inaceptable para los miembros del Grupo Ad Hoc, que durante años han brindado financiamiento que ha sido destinado a financiar inversiones de capital, apuntalando el crecimiento económico de la Provincia y promoviendo inclusión social. La falta de respeto que la Provincia tiene por sus compromisos contractuales, y la falta de trabajo constructivo con sus bonistas, perjudica rotundamente a los ciudadanos y empresas de Buenos Aires”, destacaron en el comunicado.
Y concluyeron que “si la Provincia no cambia decisivamente el curso de acción, los miembros del Grupo no tendrán más remedio que ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes. El ejercicio de estos derechos podría incluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa de derechos contractuales contra la Provincia. Estas acciones pueden ser iniciadas en cualquier momento”.
Kicillof, por otro lado, quiere aglutinar a todas las provincias que aún no cerraron acuerdo con bonistas. Son Chaco, La Rioja, Salta, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Jujuy. Son casi 9.000 millones de dólares lo adeudado, de los cuales el principal accionista es Kicillof, con el 80% de ese monto. En la previa de las elecciones legislativas, difícilmente los gobernadores que responden al kirchnerismo quieran sacrificar fondos y destinarlos al cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir, el pago de la deuda.
La postura de Kicillof es la misma de Guzmán. Hablan en el mismo idioma. El ministro de Economía actual sólo cerró un acuerdo cuando los incumplimientos se aceleraban y concedió el pago del 55% del valor presente, que era lo que requerían los acreedores. Igualmente, no generó demasiado impacto en los mercados posteriormente dado que los papeles de la deuda siguen cotizando con una alta probabilidad de un nuevo default para el 2024 en adelante.
Los papeles argentinos rinden cerca de 18% anual en dólares. El riesgo país oscila en torno a los 1400 puntos. En paralelo se está desarrollando la renegociación de la deuda de YPF. En este caso es más probable que haya un acuerdo con bonistas rápidamente porque los embargos y acciones legales son muy inmediatos si se produce un default. La petrolera argentina tiene activos que son fácilmente pasibles de ser congelados por los acreedores.
Detrás de la negociación de YPF se halla Guzmán, pero también Sergio Chodos, el representante argentino ante el FMI y de activa participación en las restructuraciones de deuda del kirchnerismo.
