“No se va a volver a cerrar todo como ocurrió entre marzo y abril de 2020, de ninguna manera”. La frase se escucha como un mantra en casi todos los pasillos de la Casa Rosada y en el entorno presidencial y de cada uno de los ministros que tienen a su cargo la administración de la economía y del control de la pandemia.
Esta semana, desde el ministro de Economía, Martín Guzmán, pasando por el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hasta el mismísimo presidente Alberto Fernández, dejaron en claro que "no se analiza de ninguna manera volver a la cuarentena estricta como en marzo de 2020" como aplican en estos momentos en Europa en el caso de un rebrote descontrolado en la segunda ola que se espera para marzo, porque "sería imposible de aplicar en el país: la economía y la situación social, esta vez, no lo resisten".
Tampoco lo resistiría el Tesoro nacional. Por eso esta semana Guzmán ratificó que está descartado volver a pagar el IFE y el ATP a sectores críticos de la economía más afectados por la pandemia, y solo se ayudará a pagar sueldos a través del programa REPRO II.
Desde el Gobierno nacional decidieron prorrogar por un mes, es decir, hasta el 1 de marzo, el DNU que dispone el Distanciamiento Social Obligatorio (DISPO) con la aplicación y controles de estrictos protocolos que garanticen la reapertura de las clases presenciales de forma paulatina y sostener la incipiente actividad económica.
También todas las provincias -incluyendo CABA- adhieren a la estrategia de “semáforo” en la que cada gobernador e intendente decidirá si cierra una ciudad o un distrito en caso de que se agrave la situación sanitaria.
En la Casa Rosada se mostraron conformes con los resultados del primer mes de la temporada turística en la Costa, que llevó al 60% de ocupación sin tener que salir en auxilio de ningún distrito por un desborde grave de la pademia.
"Nunca pensamos en apretar el botón rojo", dijo el ministro de Turismo, Matías Lammens. Aunque admiten que las restricciones a la nocturnidad surtieron buen efecto, temen que las demoras en la llegada masiva de vacunas, pueda poner en riesgo la actual estrategia. Así y todo, descartan volver a cerrar todo.
Por eso, en los últimos días el Presidente concentró sus discursos en intentar llevar calma a los mercados e inversores.
La vuelta al estilo moderado de Fernández (para diferenciarse del ultrakirchnerismo) se notó en su primera visita internacional, al reunirse con el derechista Sebastián Piñera en una visita de Estado de dos días a Chile.
También lo mostró en su discurso ante el influyente Foro de Davos el jueves, en el que anunció la convocatoria al diálogo y consensos con todos los sectores económicos y sociales en el Consejo Económico y Social, en el que convocará a debatir las políticas públicas de mediano y largo plazo.
Por un lado, Alberto ratificó ante 1500 empresarios, CEOs y líderes de Davos, que “está en marcha el diálogo con el Fondo Monetario Internacional y que es constructivo”, pero aclaró que "no hay lugar para más ajustes irresponsables".
Por otro lado, anunció que en los próximos días creará el demorado Consejo Económico y Social.
El proyecto, que será dado a conocer en los próximos días, lo tiene bajo 7 llaves el secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia, -y ¿jefe de Gabinete en las sombras?- Gustavo Béliz. Está en línea con los fundamentos económicos del Papa Francisco de un "capitalismo humanitario".
En la Casa Rosada reconocen -como había anticipado A24.com- que en febrero se inicia abiertamente la puja distributiva por precios y salarios que serán el preludio de las presiones que ejercerán cada uno desde sus intereses económicos, los grandes empresarios, sectores exportadores, financieros y gremios.
Lo anunció abiertamente el ministro de Economía, Martin Guzmán el miércoles, tras encabezar la reunión del gabinete económico en la Rosada, donde deslizó -sin mayores precisiones- el plan para “alinear las variables de precios y salarios” al plan de sustentabilidad macroeconómica que prevé el gobierno para este 2021.
El gobierno buscará mostrar que está cerca de cerrar el acuerdo de facilidades extendidas en mayo con el FMI. La próxima reunión con el board y Guzmán sería a fines de febrero. Buscará patear el pago de la deuda al menos por 3 años “sin ajustes irresponsables”.
El tema tarifas es la otra variable que analiza el ministro Guzmán. La idea es congelar para evitar que se desmadre la inflación. Pero allí estará la otra pata de la discusión distributiva, con empresas multinacionales que invierten en el país y los gremios que pujarán porque los salarios no pierdan ante la inflación.
Por eso, como sucedía durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, Alberto decidió poner a febrero como el mes de largada para las discusiones paritarias docentes que servirán de ejemplo para el resto de las discusiones salariales y avanzar en un índice de 29% de aumento salarial y de inflación.
Con la necesidad de frenar el continuo aumento de precios de la canasta familiar, el Gobierno apuesta todo a que ese índice se vea reflejado en un gran acuerdo en el Consejo Económico y Social, como primer paso de estabilizar la macroeconomía en el primer trimestre.
Desde la Casa Rosada reconocen que la inflación no será del 30% como planea Guzmán pero creen que tampoco se va a desmadrar como en la era Macri con un 50%.
En principio, hablan de imponer “un piso del 29% a los aumentos de salarios para 2021 y que a partir de ahí, cada rama o sector privado, negocie sus propias paritarias”.
Todo está por verse. Las discusiones empezarán esta semana cuando el Ministerio de Trabajo convoque a la primera reunión a la CGT para empezar a hablar del tema salarios.
Mientras, en algunos gremios como Comercio y Seguro, ya comenzaron a cerrar paritarias para el primer semestre del orden del 21 al 23%, respectivamente.
Desde el moyanismo en cambio, le advirtieron al presidente que “no sea tibio en las decisiones y que ejerza fuertes controles de precios" ante lo que Pablo Moyano definió como "empresarios especuladores".
Con el mismo discurso, los ministros Kulfas y Basterra llevan adelante las negociaciones con los productores del campo para congelar precios de ciertos cortes de carnes y verduras.
Esta semana ya anunciaron precios cuidados en 20 cortes de carne y avanzan en acuerdos para frutas y verduras. El reclamo del gobierno a los exportadores es que diferencien los precios locales de los de exportación. Llovieron amenazas de aumentar las retenciones o frenar las exportaciones.
Lo mismo sucede con otros artículos como electrónicos y tecnología con el nuevo impuesto del 16% que deberán pagar los que ingresen de China, con el argumento de generar una sustitución de importaciones. En Producción desmienten que estén evaluando el impuesto. Mientras tanto, los precios siguen aumentando y muchos productos están al borde del desabastecimiento.
En general, el Plan Precios Cuidados -que el gobierno reconoce solo como un paliativo, no como una política de fondo- alcanza ya a una lista de 800 productos en las góndolas de supermercados.
Para controlar las subas de precios y abrir la competencia en alimentos, esta semana también reglamentó la Ley de Góndolas que obliga a las grandes cadenas de supermercados a exhibir hasta un 30% de productos de la misma marca en una línea, y abre la puerta a productos de pymes y cooperativas de la economía social con precios más bajos.
Al Acuerdo Económico y Social serán convocados todos los sectores, incluso economistas de distintas extracciones ideológicas y políticas, prometen en Rosada, en una nueva remake de un anuncio que el presidente Alberto Fernández hizo en marzo de 2020, a tres meses de asumir; como muchas otras políticas anunciadas, quedaron en el plano de las promesas en medio de la pandemia. ¿Esta vez se materializará un acuerdo nacional?
Todo está por verse y depende de la evolución de los contagios, admiten en el Gobierno, pero también de los intereses políticos y económicos cruzados en un año que será puramente electoral.
