La decisión será clave para el futuro de la disputa judicial por la expropiación y la millonaria indemnización que debe pagar el Estado argentino.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá mañana si mantiene la suspensión de la orden que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF. Además, el tribunal podría levantar esa medida u ordenar que el país presente alguna garantía económica mientras se resuelven las apelaciones en el juicio por la expropiación de la petrolera.
El pasado 30 de junio, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al país transferir las acciones a los fondos demandantes como parte del pago de una condena inicial que establece una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses a favor de Burford y Eton Park.
Frente a esta orden, la defensa argentina apeló y logró que se otorgara una suspensión temporal para frenar la entrega de las acciones. Es importante destacar que, a diferencia del sistema judicial argentino, en Estados Unidos la apelación no detiene automáticamente la ejecución de la sentencia y es el juez quien decide si suspende o no la medida.
En octubre de 2023, cuando se interpuso la apelación contra la condena por la indemnización, Argentina no presentó garantías para evitar embargos. La jueza Preska concedió entonces una prórroga argumentando que en diciembre asumiría un nuevo gobierno. Sin embargo, tras más de un año y medio, la magistrada manifestó que “la República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones que exige el Tribunal”.
Actualmente, el Estado mantiene dos recursos pendientes: uno contra la sentencia que ordena pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park, y otro vinculado con la orden de entrega del 51% de las acciones.
En el primer caso, todas las partes ya presentaron sus escritos y la Cámara fijó una audiencia para la semana del 27 de octubre.
En la segunda causa, se estableció que Argentina debe presentar su escrito de defensa con argumentos detallados antes del 25 de septiembre, y posteriormente los fondos podrán responder. Mientras tanto, la Cámara decidirá mañana si mantiene la suspensión de la transferencia de acciones hasta que se resuelvan los recursos.
Es relevante recordar que el artículo 10 de la Ley 26.741, que permitió la expropiación de YPF, establece que la transferencia de las acciones no puede hacerse sin la autorización previa del Congreso.
La estatización del 51% de las acciones de YPF se concretó en 2012. En esa época, el fondo Eton Park poseía participación en la petrolera, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1993. Por otro lado, Burford Capital adquirió el derecho a litigar en tribunales españoles tras la quiebra de las empresas Petersen, controladas por la familia Eskenazi, accionista de YPF.
Los demandantes argumentan que el gobierno de Cristina Kirchner no realizó la oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, como establece el estatuto de YPF registrado en Estados Unidos. Según el artículo 7°, si un inversor supera el 15% de acciones, debe ofrecer comprar el resto.
Argentina no cumplió con esa obligación. Axel Kicillof, en su rol de viceministro de Economía en ese entonces e interventor en YPF, declaró ante el Congreso que “si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, tenía que comprar el cien por ciento por un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque sería absurdo que el Estado tenga que comprar todo respetando el estatuto de YPF. ¿Dónde quedaría la seguridad jurídica?”.
Esa frase fue utilizada por los demandantes y por la jueza Preska para respaldar sus argumentos. La magistrada sostuvo que “la República obligó a los demandantes a otorgar un préstamo masivo tras expulsar violentamente a los miembros del directorio de YPF el 16 de abril de 2012, lo que provocó la huida de los representantes de Repsol”.
La defensa argentina planteó que la Constitución nacional prevalece sobre los estatutos empresariales y que la expropiación se realizó conforme a la Ley 26.741. Además, destacó que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español y cedió un 30% de la indemnización futura por su derecho a demandar, tras la quiebra de Petersen Energía y Petersen Inversora.
Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco Santa Cruz, sostiene que el grupo no tiene relación con la demanda pese a que figura en el expediente de Nueva York.
En 2008, Petersen adquirió el 25% de YPF: primero un 14,9% por 1.100 millones de dólares y luego un 10,1% por 2.200 millones. Estos créditos debían cancelarse con dividendos, pero tras la estatización Argentina suspendió pagos y las compañías quebraron.
Por su parte, Eton Park compró el 3,04% de YPF en noviembre de 2010 por 458 millones de dólares. En mayo de 2014, Kicillof acordó pagar 5.000 millones a Repsol por el 51% expropiado.
La demanda contra Argentina y YPF comenzó en abril de 2015. En 2023, la sentencia de primera instancia ordenó al Estado pagar la indemnización y eximió de responsabilidades a la petrolera. La defensa apeló y la Cámara del Segundo Circuito fijó audiencia para la última semana de octubre próximo.
