Principalmente pretende obtener información oficial y privada de los últimos ministros de Economía, pero el país apeló la medida. Detrás está el objetivo de poder cobrar la deuda.
La jueza Loretta Preska, titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, EEUU. (Foto: Reuters)
La jueza Loretta Preska, titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, EEUU, le ordenó al Estado argentino que entregue un importante cúmulo de información sobre actuales y exfuncionarios por el caso de la expropiación de YPF. El Gobierno dijo que la medida viola las leyes de Argentina y EEUU y apelará la decisión.
En A24 informaron del tema que revisen los teléfonos y los mails los dos últimos ministros de Economía del país: el actual, Luis Caputo, y el anterior, Sergio Massa, último titular del Palacio de Hacienda de la gestión de Alberto Fernández, y a la medida se podría también otros funcionarios, actuales o de períodos anteriores.
Se trata de una amplia gama de información, como mensajes privados, correos electrónicos oficiales y personales, y también contenidos de servicios de mensajería, como WhatsApp. Incluye información del Banco Central.
El proceso se da en medio de los que se conoce como el “discovery” del "alter ego", o demostrar que el Estado y la petrolera “son lo mismo”. Y no solo con YPF sino también con otras empresas, como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
“La medida de discovery ordenada hoy por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”, destacaron desde la Procuración del Tesoro.
El organismo oficial que lleva adelante la defensa del Estado aseguró que el país ya brindó una “extensa cooperación” y entregó a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en EEUU, Argentina y otros países.
Es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery: su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar “arrojar arena en los engranajes” de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía.
El gobierno de Estados Unidos respaldó la posición de Argentina en la causa y rechazó ante la Cámara de Apelaciones la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitre.
"Estados Unidos solicita autorización para presentar un memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de suspensión pendiente de apelación de la República Argentina", dicen los encabezados de los tres documentos, que fueron firmados por el fiscal general David E. Farber.
Además, la administración de Donald Trump pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación.
