DEUDA SOBERANA

La Corte de Estados Unidos falló contra Argentina: acreedores podrán embargar activos para pagar deuda de 2001

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación en el juicio por deuda soberana, por lo que los fondos buitres podrán ir tras activos argentinos.

La Corte de Estados Unidos falló contra Argentina por los bonos Brady. (foto: archivo)

La Corte de Estados Unidos falló contra Argentina por los bonos Brady. (foto: archivo)

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de la Argentina en el juicio por la deuda soberana que entró en default después de la crisis de 2001. De esta forma, la Justicia norteamericana habilitó a un grupo de acreedores a embargar activos por US$310 millones.

Estos activos, depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza, están asociados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.

La apelación de Argentina ante la Corte de Estados Unidos

La apelación que había presentado Argentina buscaba que la Corte de Estados Unidos impidiera a los acreedores de los bonos ir por los activos argentinos, luego de que los fondos buitre hicieran juicio y obtuvieran una sentencia favorable en primera instancia, en la que la jueza Loretta Preska -que lleva varios reclamos contra la Argentina- obligó al país a pagar en total US$477 millones.

Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, concedió el embargo en agosto de 2022, pero la Argentina apeló. La jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, confirmó el dictamen en primera instancia y lo mismo hizo la Corte Suprema, la semana pasada. Se trata del segundo revés del país ante un máximo tribunal en menos de tres meses debido a que la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra en el caso Cupón PBI.

La defensa de Argentina ante la Corte de EEUU

En la apelación que fue negada recientemente, la defensa de Argentina dijo que el excedente de títulos que había quedado remanente luego de terminar de pagar los bonos Brady, en marzo de 2023, eran del Banco Central y no del Estado. Por lo tanto, no estaban disponibles para pagar una deuda del país. También dijo que es una garantía que no debería ser considerada como actividad comercial y que por esa razón era inmune a embargos (ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras).

Sin embargo, en el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, se argumentó: “En primer lugar, la Argentina sostiene que no es propietaria de los derechos de reversión porque pertenecen al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien hemos concluido dos veces que estos derechos de reversión pertenecen a la Argentina, el país pretende volver a litigar la cuestión casi 20 años después de que se resolviera por primera vez. En cualquier caso, su argumento sigue siendo infundado”.

“La Argentina utilizó los derechos de reversión en actividades comerciales al menos dos veces antes de su embargo actual. Argumenta que nunca ‘utilizó’ los derechos y que ningún uso se produjo en actividades comerciales, pero ninguna de estas afirmaciones tiene fundamento”.

Qué son los bonos Brady

A fines de la década de 1980, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, diseñó un plan para que los países de América Latina canjearan sus préstamos bancarios por bonos respaldados por el Tesoro estadounidense.

“En lo que entonces supuso una estrategia novedosa, los bancos acordaron un muy necesitado alivio de la deuda —la reducción promedio fue del 35%— a cambio de instrumentos negociables sin riesgo”, explica la web del FMI.

Por ese entonces, los gobiernos usaban esa vía como su principal forma de financiación en lugar del mercado de deuda soberana.

La Argentina ingresó al “Plan Brady” en 1993 y reestructuró su deuda mediante la emisión de bonos que tenían como colateral a los títulos del Tesoro que ahora están sujetos a embargos. Para ingresar al plan, además, los países hicieron una serie de concesiones y se comprometieron a aplicar determinadas políticas de orden fiscal y ajuste con el objetivo de transmitir confianza a los inversores.