El férreo control de precios impuesto por el gobierno y su prolongación hasta el 31 de agosto generó fuerte malestar en empresas, puntualmente del sector alimenticio. A ello se sumó la resolución de la secretaría de Comercio Interior de ayer que intima a esas empresas a producir al máximo de su capacidad instalada y a "arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión".
Cerca de 2600 productos hoy están bajo control del gobierno bajo los esquemas de Precios Cuidados y Precios Máximos. Quienes en realidad supervisan el cumplimiento de los topes a precios son los supermercados que cuando observan incrementos de algún proveedor, lo informan a la secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español.
En realidad, los precios en la Argentina están en una suerte de mamushka, dado que Precios Cuidados están dentro de Precios Máximos y estos últimos dentro de Precios Claros.
La publicidad de decenas de miles de productos se da bajo el esquema de Precios Claros los que también quedan congelados. De nuevo, los supervisores del cumplimiento del “freezer de precios” no son burócratas del gobierno sino los distribuidores mayoristas, los que deben informar cualquier variación o aumento a Español.
Todas las medidas lanzadas hacen que empresarios afectados añoren los días en los que Guillermo Moreno era el controlador supremo de los precios en la Argentina.
Es que el accionar del ex secretario de Comercio, en medio de sus intervenciones en el INDEC y persecuciones varias, consistía en congelar un determinado numero de productos pero habilitar aumentos en otros de manera tal de no afectar tanto la utilidad de las empresas.
Lo que no se aumentaba de precio de un producto se canalizaba hacia aumentos en otros productos de la misma empresa que estaban fuera del radar oficial. Lo que hoy se lamentan empresarios es que todo está dentro del congelamiento. No hay vías de escape. No hay formas de compensar congelamientos.
La única esperanza en empresarios alimenticios tras la resolución de Paula Español es una ventanilla de diálogo habilitada en la norma. Se permite la actualización de precios en conversaciones con funcionarios de la secretaria de Comercio Interior.
Pero muchas esperanzas no deberían abrigar en el sector privado. Los funcionarios no habilitarán en plena pandemia incrementos lo que está en línea también con los congelamientos de tarifas dispuestos hasta fin de año.
Y seguramente tras la pandemia, a juzgar por los antecedentes de los funcionarios, tampoco se mostrarán muy proclives o generosos con los porcentajes a otorgar.
El atraso de precios en alimentos se lo estima en 10 por ciento con mucha variación según el producto de que se trate. La recesión tampoco da demasiado margen como para aumentos.
Quizás lo que si se va en los próximos días es una cuotificación en los productos bajo estricto congelamiento. Esto significa que no se producirán en forma significativa aquellos bienes en los que haya que convalidar perdidas empresariales dado el aumento de costos y el congelamiento de precios.
Por ello el mensaje subliminal en la resolución de la secretaria de Comercio Interior intimando a empresas al abastecimiento con el máximo de la capacidad de produccion.
El problema es que con precios congelados y fuerte emisión de pesos, la duda no es si explotarán aumentos sino cuándo es que ello va a ocurrir.
