La Cámara Federal porteña rechazó un planteo del ex presidente de la AFA Luis Segura y de otros dirigentes del fútbol para evitar que la causa por presuntas irregularidades en el programa Fútbol para Todos (FPT), que tiene entre sus imputados a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, vaya a juicio oral y público.
La Sala Primera del tribunal desestimó sendos planteos de Segura; el presidente de Defensa y Justicia, Jose Lemme; el ex secretario de la AFA Miguel Ángel Silva y el ex presidente de Banfield Carlos Atilio Portell, quienes se oponían al pase del expediente a juicio por "carecer de una explicación concisa, precisa y detallada" de los hechos por los que fueron imputados.
La defensa de los directivos, a cargo del abogado Marcelo Maldonado, cuestionó que "se les atribuyó de manera genérica la comisión de un tipo penal, violentando de ese modo su derecho de defensa y el debido proceso".
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorerns y Pablo Bertuzzi reconocieron que, efectivamente, el fiscal Eduardo Taiano impulsó el juicio oral contra Silva y Segura incluyendo en la acusación hechos por los que no habían sido procesados.
Pero estimaron que esa situación puede ser salvada antes del inicio del debate, por lo que le encomendaron a la jueza María Servini que "en caso de dictar el auto de elevación a juicio, haga expresa mención de que serán excluidos los sucesos fácticos cuestionados".
En junio de 2018, el fiscal Taiano pidió que los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Capitanich y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto vayan a juicio por supuesta defraudación a la administración pública en el manejo de fondos de FTP.
La causa fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña.
El tribunal consideró que el dictamen que postuló la elevación a juicio enumeró "con claridad la imputación efectuada a los encartados, describiendo de forma clara, precisa y circunstanciada, todos y cada uno de los desvíos de los fondos públicos destinados al programa Fútbol Para Todos, una vez que estos habían ingresado a las arcas de la AFA".
También fueron indicadas "cada una de las irregularidades detectadas en los contratos firmados entre esa parte, el Estado Nacional e Iveco Argentina S.A.”.
"No se advierte lesión al derecho de defensa que justifique la declaración de invalidez. No hay mejor prueba de ello que los actos concretos de defensa evidenciados durante toda la etapa instructoria, los cuales fueron un canal genuino de manifestación de la posibilidad de contradecir que tuvieron las partes a partir de su propio conocimiento sobre la imputación", resumieron los camaristas.
La causa quedó así con el camino despejado para que la jueza Servini clausure la etapa de instrucción y envíe el expediente a la etapa de debate.
