Más allá de la culpabilidad o inocencia de Pablo Moyano en la causa de la barra brava de Independiente, es interesante mirar la película en la que se inserta la escena del pedido de detención que hizo el fiscal bonaerense Sebastián Scalera.
Más allá de la culpabilidad o inocencia de Pablo Moyano en la causa de la barra brava de Independiente, es interesante mirar la película en la que se inserta la escena del pedido de detención que hizo el fiscal bonaerense Sebastián Scalera.
Los hechos son de público conocimiento. Scalera pidió la detención del sindicalista y el juez Luis Carzoglio rechazó su solicitud así como también sus principales acusaciones a las que calificó de “endebles y contradictorias”. “No queda de ningún modo acreditado que Moyano sea Jefe de la Asociación ilícita investigada en la presente pues de manera alguna surge de constancia alguna de la presente que comande la misma ni que participe en el ejercicio del mando de ella”, dijo en su resolución. Todo va sucediendo en medio de acusaciones cruzadas de un lado y del otro.
Hasta aquí lo que pasó. Ahora bien, veamos cuatro puntos importantes sobre el contexto en el que se dio todo.
El primero es el temporal. El pedido del fiscal Scalera se conoció días antes del acto del sindicalismo, gran parte impulsado por el mismo Pablo Moyano, contra el Gobierno y sus políticas económicas en Luján. La relación del sindicalismo con el Estado llegó a un punto crítico a un año de las elecciones presidenciales 2019 y en un clima de recesión y de ajuste. ¿Qué hubiera pasado si Hugo Moyano seguía aliado con Mauricio Macri? El 8 de octubre de 2015 la escena era esa: la foto de Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Eduardo Duhalde y Hugo Moyano en la inauguración de un monumento a Perón lo dice todo.
El segundo es el estratégico. Hugo y Pablo Moyano tienen una alta imagen negativa. Cada vez que las encuestadoras los han medido les ha dado muy mal. Por lo cual, para más de un gobierno, “enfrentar a estos malos” ha sido una estrategia política. Por ejemplo, en la era K, una vez muerto Néstor y con Cristina Kirchner en campaña, el moyanismo quedó bajo la lupa judicial. Antes, como ahora, se lo sospechaba de lavado de dinero. Pero las acusaciones se diluyeron e incluso Suiza cerró su investigación.
El punto más álgido de este episodio fue en marzo de 2012 cuando Moyano dijo que sospechaba que desde el Gobierno de Cristina habían ordenado reactivar la causa por presunto lavado de dinero por la que se lo investigaba en Suiza y amenazó con llevar miles de camiones frente a la oficina del ex juez Norberto Oyarbide, quien debía informar a Suiza sobre los antecedentes del entonces líder de la CGT y su familia. Lo mismo que ahora. En aquel entonces la cosa no pasó a mayores. En definitiva enfrentar a un malo tiene ventaja, pero no siempre te hace bueno.
El tercero es el internacional. Es que hay algo todavía más profundo que es que, a pesar de que es un matrimonio que ha sobrevivido a las crisis desde hace 40 años, ahora las reglas del juego están cambiando: ni el mercado de trabajo ni el rol del Estado son los mismos. Occidente discute la cuestión laboral y el rol de la intervención del Estado en el siglo XXI. Pero quedan dudas sobre la capacidad de comprender y procesar como sigue ese matrimonio que está sujeto a una profunda transformación. Por ejemplo, sólo el poder político de los Moyano justifica que en las autopistas locales haya casillas de peaje. En derredor de la cuestión del trabajo se cuelan muchas pujas. La judicial no escapa a esa lógica.
El cuarto es el institucional. La crisis entre los sindicalistas y el Estado es administrada por una justicia que está sospechada. En la Argentina el Poder Judicial tiene una imagen negativa que ronda el 80%. Sin ir más lejos el juez Luis Carzoglio tiene tres denuncias de jury en su contra: una promovida por el Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda, otra por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y otra por el Procurador General bonaerense. Lo acusan de incompetencia en el ejercicio de sus funciones, irregularidades en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, abuso de autoridad, violencia laboral, entre otras muchas cosas.
Pero, más allá de un nombre u otro, la justicia está cuestionada como sistema. En el último tiempo, además, los organismos de derechos humanos y el propio oficialismo mediante las palabras de los legisladores Nicolás Massot y Federico Pinedo, han puesto su atención en el uso y abuso de la prisión preventiva por parte de los magistrados argentinos que se ha convertido en la regla en lugar de ser la excepción como manda la Constitución.
¿Cuáles son los argumentos centrales y las pruebas que tenía el fiscal Scalera para pedir la prisión preventiva de Moyano? ¿Qué pasó que el juez Carzoglio pasó de vociferar que iba a hacer lugar a la solicitud de Scalera a sacar una resolución tan dura a favor de Moyano? ¿Fue casualidad que la causa contra Pablo Moyano haya pasado del juez Gabriel Vitale al juez Luis Carzoglio cuya idoneidad está en tela de juicio? ¿Qué explica tanta distancia entre lo que piensa el juez y lo que piensa el fiscal? ¿Pablo Moyano es el único dirigente sindical vinculado a barras bravas?
Lo hemos repetido en este espacio: no podemos saber si la justicia va a estar a la altura del desafío histórico de administrar la crisis entre el Estado y el Sindicalismo o si permanecerá con sus dos caras. La justicia sospechada no es justicia y la justicia que usa los medios de comunicación para fragmentar pequeñas verdades y no contar todos los hechos, tampoco es justicia.
