El martes a la mañana se conoció la noticia de que la sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, había salido sorteada para analizar todas las apelaciones que llegaran a dicha instancia en la causa de los cuadernos de las coimas. De inmediato se encendieron las alarmas.
Nadie cuestionó la integridad moral de los jueces, pero se deslizó que Slokar y Ledesma integran la agrupación “Justicia Legítima”. Como atenuante, se reconocía que ambos son buenos jueces y aplican correctamente la ley. ¿Cuál es el problema entonces? Que integran “Justicia Legítima”.
Alguien podría preguntarse si los mismos interrogantes surgirían frente a jueces que, por ejemplo, sean parte de la otra agrupación más tradicional, la “Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional”. En general, los hechos demuestran que esta membresía no genera inquietudes.
La pregunta real, entonces, se vincula con responder por qué es “peligroso” que jueces probos hagan su trabajo ¿Cuál es el temor? ¿Que podrían hacer si no son corruptos y son solventes técnicamente? No tengo la respuesta.
Me preocupa que se naturalice que buenos funcionarios no puedan aplicar la ley por sus ideas sobre el sistema judicial, porque ello equivale a negar la pluralidad que es constitutiva de la democracia.
Como sea, la cuestión es abstracta ya que unas horas más tarde de salir sorteados los jueces de la sala II devolvieron el expediente a la Secretaría General de Casación para que analizaran la conexidad con otras causas. Finalmente ayer, al considerarla conexa a la causa de irregularidades en la compra de gas licuado , cayó en manos de la Sala I que es la que interviene en ese caso.
De este modo, las apelaciones de los cuadernos quedaron en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. El fiscal que interviene con la Sala I es Raúl Pleé que, según La Nación, tiene sólidos vínculos con Daniel Angelici, el operador de Macri en Comodoro Py.
