Odebrecht: "Pino" Solanas presentó un proyecto de ley para agilizar la llegada de la información de Brasil

• Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: Aquellas en las que el imputado haya sido condenado en otra jurisdicción en causa similar en la que concurran las circunstancias de identidad de sujeto, objeto y se trate de un delito de acción pública. La excepción solo tendrá vigencia, si el imputado acepta colaborar con el Ministerio Público Fiscal suministrando datos,  referencias y toda otra información que le sea requerida, que permita la localización de los bienes, derechos o valores objeto de los ilícitos realizados y que conduzcan a la investigación de las infracciones penales de su autoría, de aquellas en  las que fuera copartícipe o de las que por su función tuviera el debido conocimiento
• El acuerdo de colaboración deberá ser homologado por el Juez interviniente, tendrá carácter vinculante para los tribunales del juicio y revestirá el carácter de cosa juzgada a todos los efectos.
• A los efectos de establecer que los delitos de acción pública  investigados en otra jurisdicción resulten similares a los aquí investigados, resultará suficiente para acreditar el objeto de los mismos la copia certificada de la sentencia contra el imputado,  dictada por el tribunal extranjero, o el acuerdo homologado por el Juez interviniente en la causa.

Por qué es importante. Hace unos meses el ministerio Público Fiscal argentino firmó un acuerdo con el ministerio Público brasileño para habilitar la llegada de la información de Odebrecht que podría servir para avanzar con las causas locales (“Odebrecht & Soterramiento Sarmiento” y “Odebrecht & Aysa”). La condición que pidió Brasil y que el jefe de los fiscales argentinos aceptó cumplir es la inmunidad para los delatores premiados del Lava Jato. Sin embargo, un reciente fallo de la justicia argentina nubló lo que parecía ser un camino sin obstáculos.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun de la Sala II de la Cámara Federal rechazaron el pedido del delator Luiz Antonio Mameri de no ser juzgado dos veces por el mismo delito en Brasil y la Argentina. Aquel pidió a los jueces la garantía que ahora, según el Procurador interino Eduardo Casal, le pueden dar los fiscales.

Sin embargo, esa chance ya no parece tan clara, en virtud del contenido del fallo. Los jueces no niegan esa posibilidad, pero los requisitos que exigen para hacerla efectiva requieren que Mameri se presente al proceso sin ningún tipo de cobertura previa, que luego solicite no ser enjuiciado y que espere el pronunciamiento judicial. Brasil, en cambio, pide una inmunidad previa a la declaración.

En otras palabras, es difícil que se pueda cumplir la autorización que Casal les dió a Delgado y Picardi y, como se sabe, el Poder Judicial y el Ministerio Público son poderes autónomos.

Es por esto, que una ley podría ser un camino indispensable para destrabar el asunto. Una ley es una expresión institucional del Estado que tiene mucho más fuerza y que expresa una toma de posición del país frente a la corrupción. La chance parlamentaria, está abierta...