El reclamo ante la Corte Penal Internacional configura la situación de Nahuel Gallo como una detención arbitraria y desaparición forzosa.
El caso del gendarme preso en Venezuela: Violación flagrante de los Derechos Humanos
El comunicado de la cancillería que dirige, Gerardo Werthein consideró que “este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos”. Desde el pasado 8 de diciembre, el gendarme argentino Nahuel Gallo está detenido. Pero como la información sobre su situación es prácticamente nula, para el gobierno nacional se enmarca en un caso de detención arbitraria y desaparición forzosa de una persona.
Es por eso, que se decidió realizar una denuncia ante la Comisión Penal Internacional, con Sede en la Haya. Este tribunal internacional depende de las Naciones Unidas y la Argentina pide que se atienda de inmediato su pedido para obtener la libertad del gendarme que viajó para reencontrarse con su familia y el gobierno bolivariano lo detuvo y acusa de realizar tareas de espionaje.
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La Argentina también involucra en su denuncia ante la CPI al canciller bolivariano, Tarek Saab. (foto: Gentileza Diario Las Américas)
El canciller bolivariano, también denunciado
En un punto del escrito, el comunicado de la cancillería habla de la responsabilidad propia de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Tarek William Saab. Dijo que Gallo, el gendarme argentino tenía vinculaciones con acciones terroristas” al ingresar al país gobernado por el chavista Nicolás Maduro.
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La embajada argentina en Caracas. Sin diplomáticos de nuestro país, con 6 asilados y al cuidado de Brasil. (foto: A24.com)
Sin relaciones diplomáticas con Venezuela
El caso del gendarme Nahuel Gallo se da además en momentos en que nuestro país no tiene relación diplomática con el régimen bolivariano. La sede de la representación argentina le dio asilo a 6 colaboradores de María Corina Machado. Eso provocó que, en abierta violación a los tratados internacionales, el gobierno de Maduro ordenó asediar a la embajada argentina y amenazó con ingresar para capturar a los asilados. Desde entonces, los funcionarios argentinos dejaron Caracas y es el Brasil quien asumió el cuidado de la sede diplomática y la seguridad de los asilados.
En este marco, la Argentina pide formalmente que la Corte Penal Internacional se meta en el conflicto para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional.