Dos causas judiciales en las que aparece involucrado de manera directa el expresidente Mauricio Macri registraron inesperados movimientos en los últimos días, en coincidencia con la tensión creciente entre él y el gobierno de Javier Milei.
El expresidente se había despreocupado por el espionaje ilegal y el ARA San Juan. Pero la SIDE y la UIF salieron a jugar. La teoría del “carpetazo” y las brujas.
Javier Milei recibió a MAuricio Macri y a Patricia Bullrich en el Hotel Libertador tras la contundente victoria en el balotaje (Foto: Prensa La Libertad Avanza).
Dos causas judiciales en las que aparece involucrado de manera directa el expresidente Mauricio Macri registraron inesperados movimientos en los últimos días, en coincidencia con la tensión creciente entre él y el gobierno de Javier Milei.
El episodio más significativo fue el pedido de un apoderado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para ser habilitado a compulsar la causa por espionaje ilegal a familiares de las víctimas del naufragio del submarino ARA San Juan, en la que Macri estuvo procesado.
El abogado Ignacio Damián González se presentó ante el juzgado de Julián Ercolini como “apoderado” de la SIDE invocando “un interés legítimo en conocer el estado procesal de dichos actuados”.
La causa en cuestión está prácticamente terminada: Macri había sido procesado por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, pero rápidamente el expediente fue transferido a los tribunales de Retiro. El juez Ercolini sobreseyó al expresidente y esa decisión fue ratificada sucesivamente por la Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante del país.
El argumento central indicó que la actividad de agentes de inteligencia, que efectivamente existió, no significaba espionaje sino tareas de seguridad para los desplazamientos de Macri, especialmente cuando viajaba a Mar del Plata, donde residen muchos familiares de las víctimas.
La abogada Valeria Carreras, en representación de la querella mayoritaria, y el exjuez Mariano Bergés, quien patrocina a la esposa de uno de los 44 marineros muertos, presentaron sendos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema y ese trámite, de última instancia, es lo único que mantiene abierto el expediente.
El actual presidente, Javier Milei, se distanció de ese movimiento que impulsó la SIDE –un organismo que depende directamente de él– en el expediente. En un mensaje privado ante una consulta de la abogada Carreras, respondió: “Yo no tengo nada que ver con eso”.
La otra causa que registró movimientos está también relacionada con espionaje ilegal, pero a nivel masivo: adversarios y aliados políticos, presos kirchneristas en la cárcel de Ezeiza, gremialistas, dirigentes sociales y hasta clérigos.
Ese expediente tuvo a tres principales imputados: las máximas autoridades de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre 2015 y 2019, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y el expresidente durante ese período, Mauricio Macri.
La investigación se inició en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, quien rápidamente fue apartado por la Cámara Federal de La Plata. Así, lo que comenzó como un escándalo con profusa prueba se fue lentamente diluyendo.
Finalmente, la causa también aterrizó en Comodoro Py 2002: el juez Marcelo Martínez de Giorgi particionó la investigación, anuló el capítulo del espionaje en las cárceles, desvinculó a Arribas y Majdalani, nunca llegó a Macri y sólo dictó procesamientos para un grupo de ex policías de la Ciudad que fueron contratados por la AFI en 2016.
Uno de esos procesados, Jorge “El Turco” Sáez, pidió la nulidad de la totalidad de la causa, es decir, el cierre definitivo de otro expediente en el que aparece vinculado Macri. Previsiblemente, los espiados (entre ellos la expresidenta, Cristina Kirchner) pidieron que el planteo de nulidad sea rechazado.
Pero también una dependencia del gobierno reclamó que la investigación continúe abierta: la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que si bien es autónomo y autárquico, depende del Ministerio de Justicia.
“Venimos en legal tiempo y forma a solicitar que se rechace la petición”, sostiene el escrito firmado por Mariano Abel Ezeyza, director de Litigios Penales, y el apoderado de la UIF, Roberto Arturo Martínez.
En ambos casos, Macri navegaba por las (siempre para él) aguas tranquilas de Comodoro Py, pero el distanciamiento político con el gobierno de Milei abre un interrogante sobre la “Secretaría del Carpetazo”, que es como las brujas: no existe, pero que las hay…
