Un posible conflicto de poderes aparece en torno al llamado a referéndum hecho por el presidente Luis Arce. La pelea con Evo Morales como telón de fondo.
El Gobierno de Bolivia postergó sin fecha un referendo para reformar la reelección presidencial tras observaciones de la justicia a sus trámites, en momentos de confrontación entre el mandatario Luis Arce y el líder indígena Evo Morales de cara a las presidenciales de 2025.
La administración de Arce esperó hasta el domingo 1 de septiembre, como fecha límite, para que el Tribunal Constitucional (TC) aceptara las preguntas sobre la reelección presidencial en Bolivia y así decretar de inmediato que la consulta se realizara el 1 de diciembre próximo, día de las elecciones judiciales.
El TC declinó considerar las preguntas pues, arguyó, el Gobierno no cumplió un requisito indispensable: la aprobación previa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que debe organizar la consulta. El Gobierno no fue notificado oficialmente sobre la resolución y, en cambio, el TC publicó su fallo en su página web.
Sin embargo, un posible conflicto de poderes aparece en torno al llamado hecho por el presidente Luis Arce.
El referendo le plantearía a la ciudadanía boliviana una serie de preguntas en materia de subvenciones al precio de los combustibles, distribución de escaños parlamentarios de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en marzo del año 2024, y la interpretación precisa del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que permita resolver una laguna constitucional respecto al número de reelecciones que pueda tener un expresidente.
El resultado de ese referéndum podría afectar la interpretación que hizo a fines de 2023 el Tribunal Constitucional Plurinacional, al expedirse sobre dicho artículo constitucional como un impedimento a más de dos reelecciones en forma absoluta; si esto se hiciera de esa manera, afectaría los propósitos del expresidente Luis Evo Morales Ayma para presentarse en las próximas elecciones generales del año 2025.
¿Por qué se rechazó el proyecto?
Este proyecto fue recientemente rechazado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no por razones de fondo o sustanciales, sino por cuestiones de forma y procedimiento.
Señala el fallo del tribunal: "Este Tribunal se ve imposibilitado de ingresar a realizar el control previo de constitucionalidad de las preguntas de referendo presentadas; en consecuencia, corresponde declarar su improcedencia”.
Sin embargo, las cuestiones formales, que involucran la imposibilidad material que ha tenido el Tribunal Constitucional Plurinacional para tener un informe correspondiente del Tribunal Supremo Electoral sobre el carácter no sesgado de las preguntas que se proponían en el referendo, convergen con un creciente rechazo político a la situación imperante en Bolivia; en particular como efecto de la severa carencia de dólares que afecta al comercio internacional y que se le atribuye a la incapacidad de la administración del partido MAS y del presidente Luis Arce.
Según describen analistas en Bolivia, la situación de crisis de la economía de ese país es estructural, y en parte depende del agotamiento de un cierto modelo de producción extractivista y exportador de bienes primarios fomentados por el gobierno anterior, en mercados en los cuales las commodities son cada vez menos relevantes en la configuración de los flujos del comercio internacional.
Al mismo tiempo, la economía boliviana exhibe la mayor tasa de informalidad en el nivel regional e internacional con un 80,80 % de los trabajadores con empleos informales.
Esto tiene un impacto dramático en la capacidad de financiación estatal en la provisión de servicios solidarios como son la salud pública y el sistema de jubilaciones y pensiones de cobertura universal.
No sólo porque las contribuciones a los sistemas solidarios sólo la efectúan el 20% de la fuerza laboral, sino porque estos están sometidas a una mayor contribución, que permita la financiación, al menos precariamente, de la provisión de estos servicios para el total de la población.
Si bien las políticas de corto plazo pueden incluir ayudas sociales directas o subsidios a alimentos y combustibles como modos paliativos para poder apoyar a los sectores más desfavorecidos, ello exige un cambio estructural y sostenible en el tiempo, que permita incrementar en una cantidad significativa el empleo formal, que supone un cambio en la matriz económica del país.
Este proceso es el que la administración del presidente Arce fue llevando a cabo en forma sistemática. En esa dirección en el último Presupuesto General del Estado aprobado a fines del año 2023, el ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro, señaló que uno de los objetivos era fortalecer industrialización y la sustitución de importaciones.
“Aquí estamos haciendo un esfuerzo por cambiar el país, por darle diversificación productiva...", señaló el ministro
El proyecto de referendo puesto a consideración de la ciudadanía, tiene como objetivo incrementar la previsibilidad y sustentabilidad de este plan de transformación estructural, como es el caso de transformar los subsidios a los combustibles, en modo que permita incrementar la financiación del desarrollo industrial, y que a su vez haga posible la exportación de bienes industriales con trabajo boliviano agregado por un lado, y por otro la resolución del problema de la ambigüedad constitucional respecto de las posibles reelecciones.
Estas son dos cuestiones que avanzan en dirección de establecer una plataforma clara para el proceso electoral del año 2025 y para la sustentabilidad de la administración que resulte de dichos comicios.
“La cuestión formal acerca de tiempos y procedimientos para establecer la pertinencia y rigor de las preguntas puestas a consideración del electorado, no pueden servir de tribuna para agendas políticas sectoriales que están enfrentadas entre sí, lo que hace que se configure una curiosa alianza variopinta que sólo está unida por la negación, porque ella no podrá conformar nunca un programa común en cuanto que sus motivos e intereses ideológicos están profundamente separados”, describe un analista.
Es por eso que la administración de Luis Arce está insistiendo en el llamado al referendo y recientemente el ministro de justicia, Iván Lima, explicó que continuarán:
“El procedimiento de consulta enviando nuevamente las preguntas al Tribunal Supremo Electoral en el entendimiento de que es necesario escuchar la voz del electorado soberano en materias la importancia fundamental”, planteó.
Y este es el tema fundamental en cuestión no se impone una agenda determinada, sino que se busca el mayor consenso posible para proponer ciertas cuestiones básicas que ordenen la transformación político económica que está sucediendo.
