Pedro Castillo anunció este miércoles la decisión de cerrar temporal el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones parlamentarias, comicios que se efectuarían en nueve meses.
Pedro Castillo anunció este miércoles la decisión de cerrar temporal el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones parlamentarias, comicios que se efectuarían en nueve meses.
El político -sumergido en un polémico proceso de juicio político y posible destitución- tomó esta decisión pocas horas antes de que se debata en el Parlamento la vacancia presidencial, aunque se decía que no tenían los votos. Además, en la misma línea que la disolución del Parlamento, anunció un toque de queda que regirá a partir de las 22:00 horas.
Asimismo, dispuso que a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos de ley. De igual modo, declaró en reorganización el sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Además, decretó el toque de queda nacional a partir de hoy miércoles 7 de diciembre de 2022 desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente.
Es inevitable que esta decisión sea comparada con lo acontecido el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso. En ese momento, contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que enviaron sus tanques y soldados a las calles, lo que finalmente le ayudó a concentrar el poder.
La explicación que dio el entonces mandatario fue que el Parlamento “obstruía las leyes necesarias para la recuperación económica y la lucha contra la subversión”. Un discurso muy similar a lo que predica Castillo. Por lo demás, ambos presidentes estaban seriamente cuestionados por casos de corrupción, con la diferencia que el perulibrista tiene una investigación abierta en la Fiscalía de la Nación.
A través del golpe de Estado de 1992 se disolvió el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial y además hubo persecución de miembros de la oposición. También se destituyó a los integrantes del Tribunal Constitucional (TC).
En los meses siguientes, Fujimori encabezó un gobierno denominado de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
En ese momento, el líder de Cambio 90 gozaba con el apoyo popular. Un sondeo de Apoyo en Lima mostraba que el 71 % de los encuestados aprobaba la disolución del Parlamento y el 89 %, la reestructuración del Poder Judicial.
Algo en lo que sí se diferencia Castillo, quien tiene más de 70 % de desaprobación.
Otra decisión clave de Fujimori fue que El Congreso Constituyente Democrático (CCD) fue una Asamblea Constituyente instalada en el Perú luego de que el presidente Alberto Fujimori disolviera el Senado y la Cámara de Diputados en 1992, tras un autogolpe de estado. Su principal función fue dar una nueva Constitución, reemplazando a la de 1979.
El antecesor de Castillo, Martín Vizcarra, también decidió cerrar el Congreso ante la obstrucción de la oposición. En ese momento aplicó el artículo 134 y convocó a nuevas elecciones legislativas.
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, denunció que la decisión de Castillo es una "ruptura del orden constitucional" y convocó a las Fuerzas Armadas a restaurar el orden. La vicepresidente peruana, Dina Boularte, también rechazó la decisión presidencial y consideró que "agrava la crisis institucional".